Declaración de Incheon y el Fórum Mundial de la Educación 2015

Hace cosa de un mes se celebró el Foro Mundial de la Educación en Corea del Sur. Reunión convocada por la UNESCO donde asistieron todos los stakeholders relacionados con el derecho a la educación: ministros, representantes de todos los países, miembros de la sociedad civil y representantes de los profesores, de los estudiantes y del sector privado de la educación. Asimismo en la misma estuvieron agencias de Naciones Unidas como UNICEF, el Banco Mundial, el UNFP, UNDP, ONU Mujeres y la ACNUR.

Se ha oído a hablar mucho de esta reunión, pero ¿Qué se decidió en esta reunión? El Fórum Mundial de la Educación 2015 es probablemente la reunión mundial sobre el derecho a la educación más importante que se ha celebrado en los últimos 15 años. Hay que entender esta reunión como una continuación de las reuniones de Jomtien de 1990 y de Dakar de 2000. Siendo su principal objetivo fijar las líneas directrices y objetivos de la educación hasta 2030. Lo decidido en la reunión tiene que servir a los estados y a todos los stakeholders del mundo de la educación tanto en la elaboración de políticas educativas globales como en la realización inmediata de dicho derecho.

El documento final fue la Declaración de Incheon (Educación de calidad, equitativa e inclusiva así como un aprendizaje durante toda la vida para todos en 2030. Transformar vidas mediante la educación). Se ha hablado mucho de este documento, pero ¿qué dice la Declaración en relación a la participación de la sociedad civil? En este sentido es muy interesante citar el artículo 12 relativo a la aplicación de la agenda en común:

K2015052100341-450“12. Reafirmamos que la responsabilidad fundamental de aplicar con éxito esta agenda corresponde a los gobiernos. Estamos decididos a establecer marcos jurídicos y políticos que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia, así como la dirección participativa y las asociaciones coordinadas en todos los niveles y en todos los sectores, y a defender el derecho a la participación de todas las partes interesadas.”

Las implicaciones del articulado son suficientemente claras por sí solas, y OIDEL no podría estar más de acuerdo. En primer lugar, la responsabilidad fundamental de aplicar el derecho a la educación en los términos expresados en la Declaración es de los gobiernos nacionales. En este sentido está claro que los estados no pueden inhibirse de sus responsabilidades más básicas, y es su principal obligación garantizar la educación como bien público

En segundo lugar, es imprescindible el establecimiento de marcos jurídicos y políticos que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia tanto para las escuelas gubernamentales, como las no gubernamentales. La evaluación y la transparencia son un elemento imprescindible para la aplicación del derecho a la educación.

El tercer elemento del articulado es sobre el derecho a la participación en la realización del derecho a la educación de las asociaciones y partes interesadas; y su coordinación con todos los sectores y niveles inclusive el estado. Es así como esta declaración reconoce el papel de la sociedad civil y la libertad de educación. Este punto es muy importante puesto que la participación de las asociaciones y todos los sectores es imprescindible para garantizar la pluralidad y la compatibilidad del derecho a la educación con los derechos culturales, la libertad religiosa y los derechos de las minorías.

Finalmente, desde OIDEL celebramos la formulación y el vocabulario utilizado para la redacción de este artículo, por su sintonía con los últimos tres informes del Relator Especial del Derecho a la Educación Kishore Singh – “Evaluación del logro educativo de los estudiantes y de la aplicación del derecho a la educación”; “Privatización y Educación” y “Protegiendo la Educación contra la comercialización”.

Ignasi Grau

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Reaffirming the right to education

AyerUN-Human-Rights-Council-743x418 el Consejo de Derechos Humanos reafirmó su compromiso con el derecho a la educación con la aprobación por consenso de la resolución. La resolución celebró el último Informe del relator especial donde se explican los riesgos a los que se enfrenta el derecho a la educación como bien público cuando se convierte en un bien comercial. OIDEL participó en las negociaciones con el objetivo que se reconozca el papel de la sociedad civil para el disfrute del derecho a la educación

Yesterday, Thursday 2 July, the Human Rights Council reaffirmed the fundamental right to education in a resolution its 47 members adopted by consensus during its 29th session. The text particularly echoed the latest report of the Special Rapporteur on Education by emphasising the risk the enjoyment of this right is exposed to by the commercialisation of education.

Draft resolution A/HRC/29/L.14/Rev.1 was introduced to the Council by Portugal, the traditional main submitter of resolutions on the right to education. In previous weeks, the text had been discussed and amended during informal consultations in which OIDEL actively participated, suggesting two amendments to stress the visibility of civil society’s role in realising the universal right to education.

In his presentation of the draft resolution, Portuguese Ambassador Pedro Nuno Bártolo mentioned that the text made specific efforts to implement the recommendations included in the Special Rapporteur on Education’s latest report. He further highlighted three main ideas the text revolves around. Firstly, it urges states to respect their international obligations and take the necessary measures to ensure the full respect and enjoyment of the right to education as enshrined in international human rights treaties. Secondly, it calls upon all states and stakeholders, including civil society, to increase efforts to attain global education, notably by including it at the centre of the post-2015 development agenda. Finally, it deplores the aggravation of attacks, especially gender-based violence, on students, teachers and educational institutions, calling upon states to strengthen protection of educational environments.

One point only raised controversy in the proposed text. Indeed, Pakistan and China jointly submitted an amendment requesting that the mention of the Oslo Conference on Safe Schools be deleted from the perambulatory paragraphs of the resolution. They argued that the language used in Conference’s conclusions was the result of unilateral, non-state initiative that the UN should not endorse. The amendment received support from nine members of the Council. It was however rejected by a majority of twenty-two members, while sixteen others abstained. The separate vote on the concerned passage of the resolution that followed further upheld the reference by thirty votes in favour, none against and seventeen abstentions.

The resolution was finally adopted by consensus by the Human Rights Council.

Chiara Giovannozzi and Jack Wattiaux