Pluralismo: la escuela y la libertad de conciencia

En sus sentencias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha debido pronunciarse en numeros ocasiones, particularmente en los últimos años, sobre el derecho a la educación y sobre el contenido del artículo 2 del primer Protocolo relativo a la libertad de enseñanza.

No se puede separar el derecho a la educación de otros derechos humanos y en particular de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: “Las disposiciones de la Convención y del Protocolo deben ser consideradas como un todo. Por lo tanto, debemos leer las dos frases del artículo 2, no sólo entre ellas, sino también, en relación con los artículos 8, 9 y 10 de la Convención, que proclaman el derecho de cualquier persona, incluyendo a los padres y a los niños, “al respeto de su vida privada y familiar” a la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y “libertad de recibir y difundir informaciones e ideas” (Sentencia Kjeldsen, Busk, Madsen y Pedersen, párr. 52).

El Tribunal concibe la libertad de enseñanza en un contexto específico: el de una sociedad democrática pluralista. La jurisprudencia ha puesto de manifiesto la importancia del respeto de las minorías y del pluralismo ideológico. La mayoría no puede imponer un modelo educativo o un modelo de sociedad: “La democracia no se reduce a la supremacía constante de la opinión de la mayoría, ordena un equilibrio que garantice un trato justo a las minorías y evita el abuso de una posición dominante “(Sentencia Valsamis, párr. 27).

El pluralismo debe ser preservado, incluso si implica riesgos como la libertad en general. Cuando surgen tensiones a causa del pluralismo “el papel de las autoridades en tales circunstancias no es eliminar la causa de la tensión mediante la eliminación de pluralismo, sino garantizar que los grupos que compiten se toleren mutuamente.” (Sentencia Serif, párr . 53).

Sólo desde 1997 se considera a la educación como un derecho fundamental a nivel internacional. Hoy es objeto de numerosos estudios a partir de los que se está construyendo un verdadero consenso internacional. Si las políticas educativas han sido durante mucho tiempo un asunto de buena voluntad por parte de los responsables, deber ser ahora reconocidas como obligaciones morales y jurídicas.

Alfred Fernandez

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