Debate sobre la privatización y el rol de las escuelas no-gubernamentales en el Consejo de Derechos Humanos

Los días 26 y 27 de junio ha tenido lugar el diálogo interactivo con la relatora especial sobre el derecho a la educación en el marco de la 41a sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

En dicha sesión, se ha debatido y comentado el informe escrito por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación Ms. Bolly Barry en relación al incremento de la participación de actores privados.

En relación con el informe, en OIDEL surgieron ciertas preocupaciones sobre la posible interpretación que podría hacerse por parte de los estados, en concreto en lo relativo a las formas de financiación de las escuelas no gubernamentales. Estas dudas se manifestaron primero en privado a la Relatora Especial, con el objetivo de que ésta última aclarase durante el diálogo ciertos puntos que podrían resultar problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos.

Durante el desarrollo de la sesión, la relatora especial ha realizado una breve introducción recordando la obligación de los estados de garantizar el acceso de todos a una educación pública, gratuita y de calidad. Dicho deber se recoge en el objetivo 4 de la Agenda 2030.

Además, Ms. Bally Borry ha mostrado su preocupación por el fuerte incremento de los actores privados en el sector educativo. En este sentido, ha insistido en la necesidad de que los estados establezcan un marco regulatorio para la actividad de los actores privados en el ámbito educativo y ha recalcado que las recomendaciones de su escrito se inspiran en los Principios de Abidján.

A pesar de insistir en que los estados deben priorizar la financiación de la educación pública, la relatora especial ha recordado que esta obligación no puede obviar el derecho de los padres a elegir centros escolares no gubernamentales para sus hijos. El estado debe respetar dicha libertad de elección, así como garantizar el derecho a crear nuevos colegios no gubernamentales por parte de la sociedad civil. La relatora ha hecho hincapié en la importancia de esta libertad sobre todo para garantizar la protección de las convicciones religiosas, pedagógicas y filosóficas de los padres. Según la relatora, existen actores privados que pueden ofrecer otras vías de educación, pero deben ser regulados por los estados para que esto no acentúe las desigualdades.

Tras su introducción, han intervenido las delegaciones de los distintos estados. Numerosos países han agradecido el trabajo realizado por la relatora y han informado sobre la actual situación del derecho a la educación en sus respectivos estados. Muchos de ellos han recalcado el uso de alianzas público-privadas en sus territorios como forma de apoyo al estado por parte del sector no-gubernamental, con el fin de ofrecer un mejor sistema educativo.

Además, son muchas las delegaciones que han solicitado a la relatora especial que exponga ejemplos de buenas prácticas de colaboración entre el estado y el sector privado.

Tras estas intervenciones, se ha dado la palabra a las ONG’s y miembros de la sociedad civil. OIDEL ha sido la primera ONG en intervenir, en nombre propio y en el de otras ONG.

En su declaración, después de agradecer a la relatora especial su trabajo, OIDEL ha solicitado que clarifique los puntos más controvertidos. En particular, OIDEL ha insistido sobre la importancia del papel de las escuelas no gubernamentales a la hora de garantizar un sistema educativo plural que refleje la diversidad cultural y proteja los derechos de las minorías. Varios elementos del informe deben esclarecerse para evitar que se interpreten erróneamente y contribuyan paradójicamente a limitar el derecho y libertad de educación. Adjuntamos la declaración oral completa de nuestro director Ignasi Grau.

La sesión ha concluido con una última intervención de la relatora especial. Ésta ha reconocido en su conclusión el importante papel que juegan las escuelas no-gubernamentales y no lucrativas, sobre todo en aquellos lugares en los que el estado no dispone de medios para cumplir con su obligación de garantizar el acceso de todos a la educación. En concreto, Ms. Bolly Barry ha alabado las estrategias desarrolladas por países como Francia (con instituciones como l’école sous contrat) o Túnez donde se han puesto en marcha alianzas público-privadas que han contribuido a ofrecer una educación de mayor calidad.

Es de vital importancia recalcar la clara distinción hecha por la relatora para cerrar el debate. Ms. Bolly Barry ha aclarado que, cuando menciona a los actores privados cuyas prácticas pueden implicar un riesgo para el derecho a la educación, se refiere exclusivamente al sector privado mercantilista con fin lucrativo y no a los colegios privados de la sociedad civil como los colegios religiosos. De esta forma, la relatora especial ha recordado la importancia de que el estado apoye a la sociedad civil en el campo de la educación con el fin de que dicha colaboración conduzca a la mejor realización posible del derecho a la educación.

Amelia Suárez Picazo

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