Pequeña reflexión sobre el “pin parental” o el “opt out from school”

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Uno de los debates que existen desde que la educación se convierte en un derecho es lo que en la tradición anglosajona se ha denominado “opt out from school” y lo que en España ha recibido el nombre de “Pin Parental”. Se trata de un debate complejo, global y que hay que mirar caso por caso. No obstante, para dar pistas sobre cómo enfocar dicho debate, resulta oportuno dar varias nociones sobre los planteamientos del mismo desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva teórica.

Tradicionalmente, este debate se presenta como una colisión entre una educación que permita “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” (Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (por parte de los padres)” (Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Este derecho preferente a escoger el tipo de educación por parte de los padres busca que “(los) hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (de los padres)”. La conexión entre la libertad de enseñanza y la libertad religiosa es obvia, tal y como se desprende del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la libertad religiosa en el cual “Los Estados Partes (…) (se) comprometen a respetar la libertad de los padres (…) para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” En este mismo sentido, se ha manifestado el Comité de Derechos Humanos en la Observación General No. 22 sobre la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión[1].

La Declaración de Derechos Humanos no pretendía ser un documento comprensivo y exhaustivo, sino un documento de puesta en común y plural, que pudiera ser aceptado por múltiples perspectivas tanto filosóficas como religiosas. La presencia pluralista entre sus redactores lo atestigua. Tal y como advirtió Maritain[2], “estamos de acuerdo sobre los derechos, pero sobre las condiciones nadie pregunta por qué”[3]. Es difícil entonces pensar que “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” tengan un contenido tan exhaustivo y comprensivo como algunos pretenden. Sería imposible que un contenido tan exhaustivo fuera aceptable para personas razonables con distintas concepciones de la vida como humanistas, cristianos, musulmanes, ateos, liberales y comunistas puedan aceptar.

A menudo la forma en que se focaliza este “fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” se entiende de distintas maneras, y creo, que este es uno de los núcleos de la presente discusión.

Por un lado, teóricos como Amy Gutmann[4] advierten que el principal objetivo de lo que denominan educación cívica debe ser la deliberación racional entre distintos estilos de vida[5]. Gutmann defiende que los niños deberían ser sometidos a los distintos modelos de vida buena con un doble objetivo, que, una vez llegados a la vida adulta, puedan escoger el que más les convenga, y que conozcan los modelos de vida buena (de los otros). Así las cosas, cabe señalar la autonomía como valor principal de este primer modelo.

Por otro lado, tenemos a un grupo de pensadores, entre los que figuran Arneson y Shapiro, que proponen un segundo modelo cuyo contenido es menos ambicioso y pretende informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, y asegurar que puedan ejercer la ciudadanía en un mundo plural[6].

El problema de la primera concepción es doble. Por un lado, en un mundo plural es fácticamente imposible que se dé una visión completa de todos los modelos de vida buena, por lo que algunos modelos serían dejados de lado y otros serían ninguneados o pobremente tratados. Asimismo, la concepción antropológica del ser humano tras esta concepción es controvertida puesto que entiende al ser humano como un ente aislado que debe enfrentarse en la entrada a la vida adulta con distintos modelos buenos, sin tener en cuenta el peso de las circunstancias. El ser humano es más complejo que esta realidad. Es un ser social, que se relaciona, “un adentro que necesita un afuera”[7]. No es de extrañar que una educación que pueda ser contraria a valores razonables de una familia o de una comunidad encuentre resistencia por parte de los padres e incluso de ciertos estudiantes que se ven obligados a escoger entre el modelo de vida buena de la familia y los modelos de vida buena propuestos por el estado. El segundo modelo de educación cívica tiene menos obsesión con la autonomía del niño y busca sobre todo la enseñanza de normas compartidas por todos los ciudadanos razonables, con el objetivo de asegurar una convivencia pacífica en un mundo plural.
El “opt out” es la consecuencia de enseñar a los niños una educación contraria a la que se da en el hogar. No obstante, es importante tener en cuenta que, dependiendo del modelo de educación cívica y de derechos humanos vigente, la objeción de los progenitores puede estar más o menos justificada. Decíamos al principio que el debate que aquí nos ocupa nace del conflicto entre el reconocimiento del derecho de los padres y una educación en derechos humanos, que permita el desarrollo de la personalidad. El papel de las autoridades competentes no es sencillo en estas circunstancias, pero desde una perspectiva de derechos humanos parece que éste debe procurar una educación cívica o en derechos humanos, que pueda ser aceptada por la gran mayoría de ciudadanos razonables y compatible con el respeto a la educación moral y religiosa de los progenitores, admitiendo ciertas cláusulas para que los hijos no tengan la obligación de seguir determinadas clases cuando esto no sea aceptable[8].

El diseño de políticas educativas no puede ser un conflicto constante entre las autoridades civiles y los progenitores, sino un diálogo que considere ambas partes con sus derechos, en pro de conseguir el interés superior del menor y una realización holística del derecho a la educación.

Ignasi Grau

[1] Observación General No. 22, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 18 – Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 48º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 179 (1993)

[2] Jacques Maritain, filosófo francés.

[3] GLENDON, Mary Ann (2001) A World made new. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights Random House (p.77)

[4] Amy Gutmann es la octava presidenta de la Universidad de Pensilvania. Graduada en teórica política, es además autora de 16 libros, y profesora universitaria. Pertenece a la corriente de Christopher H. Browne, distinguido profesor de Ciencias Políticas en la escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania y  profesor de comunicación en la Escuela de Comunicación Annenberg, con citas de facultad secundaria en filosofía en la Escuela de Artes y Ciencias y la Escuela de Licenciado de Educación. Fuente de información: Wikipedia

[5] Gutmann, A. (1987, revised 1999) Democratic Education. Michigan Law Review, 86(6).

[6] Arneson, R. J. & Shapiro I., (1996) Democratic Autonomy and Religious Freedom: A critique of Wisconsin v. Yoder. Nomos, 38, Political Order

[7] Mounier, E. (1946) Traité du caractère. Divers – Essais.

[8] Nations Unis, Rapport de la Rapporteuse Spéciale sur le Droit à l’Education, Katarina Tomasevksi  (2004) Rapport de la rapporteuse spécial : Le droit à l’éducation E/CN.4/2004/45, disponible sur : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/103/29/PDF/G0410329.pdf?OpenElement

 

 

 

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