Informe de la OCDE sobre la elección de escuelas y el cheque escolar

En 2017, la OCDE realizó un informe que se publicó este año sobre la implementación del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, en relación con las afectaciones que ello puede tener en la innovación, la competitividad, el respeto a la diversidad cultural, la discriminación, y la segregación social.

La OCDE considera que es posible llegar a un equilibrio, siempre que se provea un marco legal adecuado, en el que se establezcan las condiciones de la política pública sobre elección de escuelas y libertad de enseñanza, el cual se dirija a mejorar la calidad de la educación, en el contexto de una sociedad plural.

Según el informe, una cuestión que debe replantearse para abordar este tema, es el redefinir los conceptos de “público” y “privado” en la educación, ya que generalmente se entiende que la creación de escuelas no gubernamentales lleva a la privatización o comercialización de la educación. Sin embargo, esto no siempre es cierto, pues las escuelas privadas pueden tener una estructura legal privada, pero cumpliendo una misión y función pública. Incluso, el replanteamiento de este esquema, invita a las escuelas privadas a que tengan una mejor capacidad para ofrecer una educación de calidad.

Respecto a este tema, el informe indica que la existencia de escuelas no gubernamentales, no es lo que realmente impacta en la adquisición de competencias académicas o en la segregación social. El estudio comparado de distintos casos de países, demuestra que el enfoque debe dirigirse al marco y arreglos institucionales que determinan las elecciones de los padres, como por ejemplo, la accesibilidad, incluido a nivel económico.

En relación al financiamiento de la educación, la OCDE sostiene que hay distintos modelos en los que los Estados han decidido otorgar recursos a escuelas no gubernamentales. En algunos casos se utiliza el cheque escolar (vouchers systems), deducciones fiscales, e incluso el otorgamiento directo de recursos económicos. Según las comparaciones, el financiamiento público de escuelas no gubernamentales, ha ayudado a la integración de estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos, ya que permite un acceso más amplio de diferentes sectores de la población, tal como se muestra en los casos de Bélgica, Holanda y Dinamarca.

Por lo tanto, no se puede afirmar que la libertad de los padres, per se, de elegir la educación de sus hijos, disminuya la calidad de la misma, ni lleve necesariamente a la privatización o comercialización de la educación. Todo depende del marco regulatorio que se diseñe, de que las opciones para los padres sean reales y relevantes, que las escuelas gubernamentales cuenten con la debida autonomía y recursos para contribuir a una misión de utilidad pública, y se mitiguen las causas que provoquen segregación social y discriminación.

Gabriela Garcia

Se puede consultar el artículo en: http://www.oecd.org/education/School-choice-and-school-vouchers-an-OECD-perspective.pdf.

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¿Qué tiene el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017/18 que decirnos relativo a las escuelas no-gubernamentales?

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017/18 (GEM) es un documento anual realizado por la UNESCO para rendir cuentas sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible en educación (ODS 4). El GEM es un buen documento para observar las principales tendencias y desafíos relativos al derecho a la educación. En esta breve nota nos hemos focalizado en las partes del informe relativas a la implicación del sector no-gubernamental en la realización del derecho a la educación.

El informe reconoce que la sana competencia entre escuelas y las políticas que permiten a los padres escoger la escuela gozan cada vez de vez de más popularidad (Plank and Sykes, 2003; Verger et al., 2016).  No obstante, el informe GEM advierte que una creciente participación de los nuevos actores no siempre se traduce en mejores y más equitativas escuelas. Para solucionar este problema el informe GEM subraya la importancia de un buen marco legal para que la competencia abierta entre las escuelas beneficie a toda la población.

Según el GEM no todos los estados tienen el mismo nivel de regulación, ni la regulación entre las escuelas privadas y públicas es siempre equivalente (91.5% de los países tienen regulación sobre la escuela pública, 84,5% sobre la escuela privada). En ciertos casos, la falta de regulación tiene un efecto negativo en el disfrute del derecho a la educación. Por ejemplo, menos del 50%  de los estados regulan un ratio máximo alumno/ profesor, lo que en ciertos casos puede tener consecuencias problemáticas.

En este sentido, el segundo problema del sistema educativo concierne la inspección de las escuelas, cuyo éxito depende de sus objetivos y los recursos y capacidades del estado. Este documento avisa sobre la importancia de un buen diseño de los procesos de inspección. Un mal diseño puede tener consecuencias inesperadas, como desincentivar nuevas métodos educativos o limitar la capacidad de adaptación de la escuela. Uno de los problemas de las inspecciones, especialmente en países en vías de desarrollo concierne la falta de recursos. Los inspectores en países en vías de desarrollo tienden a centrarse en la inspección del material, más que en los procesos de aprendizaje o la calidad de la enseñanza, lo que no ayuda a mejorar el funcionamiento de la escuela. Los procesos de inspección deben mejorarse de forma urgente en el contexto actual donde hay un crecimiento de las escuelas low-cost, que para más inri a menudo no están ni registradas.

Uno de los desafíos de los sistemas educativos es la disponibilidad de la información para asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse del sistema de elección de escuela y ningún niño se quede atrás. No obstante, incluso en casos donde la información no es suficiente, esta ya permite y ayuda a muchas familias a una mejor elección en el momento escoger la escuela. En este sentido, el GEM señala una buena práctica de Carolina del Norte (EEUU) donde la publicación de  la información de los resultados de los exámenes se ha revelado como una forma de ayudar a familias bajas de recursos a tomar mejores decisiones y mejorar sus resultados (Hastings y Weinstein, 2008). La disponibilidad de información debe enfrentarse a dos desafíos importantes. En primer lugar, en muchos países la decisión por parte de las escuelas de no hacer pública cierta información no tiene consecuencias. En segundo lugar, en muchos casos a pesar de la disponibilidad de la información los progenitores no saben cómo utilizarla.

Otro desafío señalado por GEM es que los sistemas donde se permite la elección de escuela no siempre van de la mano de un soporte financiero público para evitar los gastos de la escuela, lo que en muchos casos provoca que solo las familias acomodadas puedan beneficiarse. Según el informe cuando la educación no es gratuita, las limitaciones financieras afectan la habilidad de escoger la escuela. Al respeto señala, el cheque escolar puede ser un mecanismo para ayudar a las familias a superar estas limitaciones para escoger la escuela de una manera más libre, incentivando y fortaleciendo la competición entre las escuelas. A pesar que el cheque escolar puede tener efectos secundarios negativos, también hay buenas experiencias. Por ejemplo el GEM señala que en la ciudad de Nueva York el cheque escolar en las familias con bajos recursos tuvo un impacto positivo en la tasa de matriculados en la universidad y en los logros académicos de los estudiantes de minorías(Chingos y Peterson, 2015).

Relativo a la libertad de elección el documento se refiere también a la accountability en base a pruebas para motivar las distintas escuelas, tema que ha sido muy debatido. Una de las razones de este debate es que el resultado de las escuelas puede depender de factores que escapan al control de la escuela como las capacidades naturales, el entorno socio-económico, la implicación parental o las actividades extraescolares. A pesar de esto, estas pruebas pueden servir para saber que escuelas requieren de financiación extra para poder satisfacer correctamente el derecho a la educación.

El informe menciona igualmente como las inversiones del sector privado en educación están aumentando. En este sentido el gasto en profesores privados y en educación tecnológica se espera que superen los 200 billones de dólares en los siguientes años. El informe advierte de la importancia de una más estricta regulación del sector privado para que la rentabilidad de estas compañías no vaya en detrimento de la calidad y la equidad de la educación. Por ejemplo, el aumento de profesores particulares extraescolar está ampliando la brecha entre los que pueden permitirse estos profesores y los que no. Igualmente problemático es cuando un profesor hace de profesor particular extraescolar a sus alumnos al salir de las aulas. Otras dos aéreas que necesitan ser más reguladas con el fin de asegurar la igualdad de acceso son el uso de las tecnologías en la educación y los comedores escolares.

Una lección que podemos extraer del informe GEM es que las políticas públicas de libertad de elección requieren de tres condiciones para garantizar que toda la población pueda beneficiarse de ella: que se enmarque en un buen marco legal las obligaciones del estado y de las escuelas no-gubernamentales, que se establezca la provisión de fondos públicos para asegurar la capacidad de escoger de todas las familias y que se facilite información para permitir a los padres tomar la decisión correcta.

Puedes encontrar el informe completo en el siguiente link: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002610/261016S.pdf

Ignasi Grau

 

Una resolución del Parlamento Europeo reconoce la importancia de la financiación pública de las escuelas no gubernamentales:

El pasado 12 de junio el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre la modernización de la educación en la Unión. El objeto de esta resolución ha sido señalar los puntos en que la Comisión debería apoyar a los estados en las reformas educativas para hacer frente a los nuevos desafíos educativos de una Unión en continuo cambio. El texto fue presentado por la Sra. Krytiyna Lybacka del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Hay que destacar que a pesar de la importancia que la resolución otorga a la flexibilidad del sistema educativo para adaptarse a un mercado cambiante, no olvida que el derecho en primer lugar es un derecho dirigido al desarrollo de la persona. En este sentido destaca que “el derecho a la educación incluye la libertad de establecer centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

Un punto a destacar de esta resolución es el punto 78 relativo a la importancia de la financiación pública tanto a escuelas públicas, como no-gubernamentales en un marco de inclusividad y respeto a la libertad de elección. El punto 78 dicta  “en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro, a condición de que el plan de estudio que se ofrezca se base en los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sea conforme a los ordenamientos jurídicos y normas y disposiciones en materia de calidad de la educación y sobre el uso de estos fondos en vigor en el Estado miembro de que se trate”.

El Parlamento Europeo con el objetivo de hacer frente a los nuevos desafíos sigue confiando en un enfoque de derechos humanos, en la sociedad civil y los padres, destacando incluso la importancia de la financiación pública a aquellas escuelas que no son del estado.

Para ver la resolución completa aquí.

 

Ignasi Grau

 

Escuela y religión: La necesidad de un enfoque de derechos humanos

Son recurrentes en varios países, sobre todo del sur de Europa, los debates relativos al lugar que debe ocupar la religión en la enseñanza obligatoria. Estos debates afectan a distintas realidades de la educación: la existencia de símbolos, la existencia de la asignatura de religión y su evaluación, la existencia de escuelas con carácter confesional…

Es importante enmarcar este debate dentro de un enfoque de derechos, puesto que la educación es en primer lugar un derecho humano. En este sentido es importe recordar que la educación tiene como objeto principal “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” (art.26.2 DUDH). La misma declaración de derechos humanos advierte que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (art.26.3 DUDH).

En el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales repite el objeto de la educación. No obstante, en lo relativo al respeto a la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas se enmarca en un contexto de salvaguarda de “la educación religiosa o moral que esté de acuerdo” con las convicciones de los padres (13.4 PIDESC).

Hay que preguntarse cuál es el espacio del hecho religioso teniendo en cuenta el objeto principal de la educación: el pleno desarrollo de la personalidad humana. Igualmente, Kant ya advirtió que el objeto principal de la educación debe consistir en “aprender a ser”. En esta misma línea, el informe Faure y el informe Delors subrayaron la importancia de “Aprender a ser” como una competencia imprescindible.

El desarrollo de la personalidad y de saber quiénes somos exige unaconcepción del ser humano como seres abiertos. El ser humano no es una identidad aislada, sino que construye su identidad a través de la cultura. El ser humano es un ser relacional, “solidario y solitario” como diría Victor Hugo, un “adentro que necesita un afuera” que diría Mounier. Es por esto por lo que la educación debe permitir a todos los ciudadanos tener acceso a los contextos culturales, relaciones, interpersonales y tradiciones necesarios para desarrollar y fortalecer su identidad personal (J. Habermass, 2013).

La comunidad internacional ha asumido la educación como bien cultural en la Declaración Universal de la Diversidad Cultural “toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural (art.5)”. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha señalado que la educación debe ser adaptable “La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.(Observación General número 13)”.

Desde una perspectiva de derechos humanos no podemos afirmar que el fin último de la educación sea la futura empleabilidad de los estudiantes, ni el servicio fiel al estado. El fin último de la educación desde una perspectiva de derechos humanos es el libre desarrollo de la personalidad del ser humano. Y el ser humano no es uno, ni los contextos culturales en los que las personas se desarrollan son los mismos. El derecho a la educación concebida para seres humanos relacionales y con identidad exige reenmarcar el debate sobre la religión como elemento cultural en las aulas de un modo distinto. La pregunta no debería ser si debe o no tener espacio en las aulas, sino cómo debe tenerlo y, como espacio, si debe ser distinto dependiendo de los contextos culturales del alumno.

 

Ignasi Grau

03/07/2018 Evento paralelo: Privatización, las escuelas de la sociedad civil y los derechos humanos

El pasado martes 3 de Julio, OIDEL junto con la Misión Permanente de Portugal, organizaron un evento paralelo en el marco del Consejo de derechos humanos. El tema tratado fue la Privatización, las escuelas de la sociedad civil y los derechos humanos.

Ignasi Grau, de OIDEL introdujo la discusión cuestionando el significado a veces reductor de la privatización e hizo especial hincapié en cómo la sociedad civil, tal y como la comunidad internacional ha subrayado, debe participar en todas las etapas de planificación y monitoreo del derecho a la educación. La educación para todos significa garantizar ofertas educativas alternativas y garantizar este derecho en todos los lugares.

Estas obligaciones del Estado también implican respetar los derechos de los padres a decidir la educación de sus hijos. Uno de los principales desafíos para hacer frente el fenómeno de la privatización se debe a la simplificación de definiciones, actores y situaciones. La presentación de Ignasi Grau fue un resumen de un Working Paper presentado por OIDEL sobre la privatización.

Louis-Marie Piron, Encargado de relaciones internacionales del Secretariado de la Enseñanza Católica en Francia, expuso el papel de la educación católica en Francia y más allá de sus fronteras. El paisaje educativo francés se explica por la situación de post-guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia creó una situación contractual con las escuelas católicas para asegurar el acceso a la educación nacional de todos los niños, lo cual era imposible de garantizar solo con escuelas públicas. El contrato con las escuelas católicas implicaba la obligación de aceptar a todos los estudiantes. Parte del trato fue que el Estado pagaba las tarifas, ya que este sistema proporcionaba un servicio público. En este sentido Louis-Marie Piron recordó que es importante tener en cuenta que cada sistema privado o público tiene un contexto e historia específicos. El papel de la educación católica no es convertir a las personas, sino hacer que nuestra sociedad sea más humana.

Una escuela que cumpla con el derecho a la educación puede tener una visión  de la educación como bien de consumo o como derecho humano. Medir si los padres pueden pagar las tarifas es un punto importante para ver si estas escuelas se adecúan al enfoque de derechos.

Posteriormente, Maria Smirnova, investigadora de la Universidad de Manchester explicó 3 ideas que se han de tener en cuenta para afrontar la privatización de la educación desde una perspectiva de derechos humanos:  las  escuelas privadas deben adaptarse a las garantías marco de los instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación; las escuelas privadas deben estar plenamente acreditadas de acuerdo con la legislación interna; y finalmente deberían tener derecho a reclamar fondos públicos.

Maria Smirnova señaló el proceso de elaboración de los principios sobre la privatización como un proceso para aclarar el rol de los estados. En este sentido señaló que este proceso debe ser imparcial e involucrar los intereses de todos involucrando la participación de las escuelas privadas.

Por último, Delphine Dorsi de Right to Education Initiative finalizó el evento comentando el proceso de elaboración de los Principios orientadores de los derechos humanos sobre las obligaciones del estado con respecto a las escuelas privadas. En este sentido subrayo dos dimensiones del derecho a la educación: igualdad y libertad en los derechos humanos. El desafío se trata de encontrar el equilibrio correcto entre los dos, concepto importante para la pluralidad en la educación.

 

Inmaculada Ruíz

 

Informes de la relatora especial para el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry: gobernanza y educación

Durante la 38° sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Sra. Boly Barry, presentó su informe temático sobre buena gobernanza y el derecho a la educación, y su informe sobre su visita a Costa de Marfil[1]. Respecto al primero, la relatora se enfocó en los mecanismos de gobernanza que hacen posible el derecho a la educación, como los procedimientos burocráticos, el fortalecimiento y correcto funcionamiento de las instituciones, y los procesos legales para la protección de derechos, entre otros.

La Sra. Barry, enfatizó la importancia de adoptar un enfoque basado en los Derechos Humanos y que establezca objetivos durables. Indicó la relevancia de construir políticas públicas basadas en las cuatro “A’s” (por sus siglas en inglés) del derecho a la educación (accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad y aceptabilidad)[2]. Subrayó la conexión que existe entre los mecanismos de rendición de cuentas y un enfoque de Derechos Humanos, con el fin de que la maquinaria estatal cumpla con sus obligaciones internacionales. Asimismo, explicó la relevancia de promover la participación, la transparencia y espacios de diálogo para discutir los problemas que conciernen la educación. Para ello, la relatora sostuvo que se debe compartir toda la información pertinente y crear una política nacional educativa que sea revisada anualmente, para lo cual las autoridades tienen la responsabilidad de conocer las necesidades, problemas y propuestas de todas las comunidades. El objetivo de las reformas, debe ser evaluar la calidad de la prestación de servicios y medir si se está combatiendo la corrupción y si se responde a las necesidades de los estudiantes, o si el sistema requiere ser adaptado conforme a las mismas.

En lo que respecta a su visita a Costa de Marfil, la relatora sugirió mejorar el financiamiento de la educación, el sistema preescolar y la educación informal para adultos. Por otro lado, celebró los esfuerzos de Costa de Marfil para dedicar más recursos a esta área.

En el diálogo interactivo, intervinieron diversas delegaciones, refrendando sus compromisos en materia educativa; entre ellas, Togo (en nombre del grupo africano), Pakistán, la Santa Sede, Las Maldivas, Australia, y China. Respondiendo a algunas preguntas planteadas por la Unión Europea y Francia, la relatora dijo que los actores locales son los agentes clave en este tema, ya que son los más adecuados para medir la efectividad de las medidas adoptadas. De la misma manera, señaló la importancia de la descentralización de la gobernanza y de los recursos económicos. Concluyó mencionando la necesidad de incluir a todos los sectores en este diálogo: el privado, público y a la sociedad civil, debido a que todas las personas concernidas deben ser escuchadas.

Gabriela García

Os adjuntamos la declaración oral que OIDEL hizo en este debate:

Thank you, Mr. President,

We really appreciate the report of the Special Rapporteur on the Right to Education. OIDEL also acknowledges a proper governance on the right to education as an essential cornerstone for the real implementation of the right to education.

Firstly, we would like to thank the special rapporteur to conceive the full issue of governance from a rights-based approach. Although governance is required to be efficient and effective these cannot be the only two criteria for a good governance of education. Education is a human right and that implies inclusion, non-discrimination and concrete obligations for the state.  This perspective that comes from the international instruments can enable a right to education that directs citizens “to the full development of the human personality and to strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms”.

Secondly, we appreciate that the special rapporteur links the good governance with the success of the Agenda 2030. The SDG 4 implies a human rights-based governance from the part of the states that covers all the areas concerning the right to education. On this regard access to information, transparency, participation, accountability, monitoring and justiciability play an essential role.

Finally, we would like to make a little remark. Freedom of education is an essential part of the right to education. The rights of parents of choose the education they want for their children is recognized in the article 26.3 of the Universal Declaration of Human Rights and 13.3 and 13.4 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Good governance from a human rights perspective should take into consideration this dimension of the right to education. There is not much said on this regard about this topic in the report and we would like to hear what good governance implies on this regard according to the special rapporteur?

Thank you Mr. President,

[1] Ambos informes pueden ser consultados en la siguiente página web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Pages/ListReports.aspx.

[2] Para mayores detalles, se puede consultar el Comentario General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf.

 

Evento sobre derecho a la educación y uso de tecnologías: riesgos y oportunidades

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En el marco del 38 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 20 de junio, OIDEL y la Misión Permanente de España copatrocinaron el evento paralelo titulado “Derecho a la educación y tecnologías: un diálogo necesario”. Para el desarrollo de dicho tema, se contó con la presencia de distinguidos ponentes: la Dra. Charo Sábadas (profesora de la Universidad de Navarra y promotora del proyecto Smart Internet Users[1]), Renato Opertti (coordinador del programa de innovación, aprendizaje y evaluación de la UNESCO),
Dr. Juan Díaz (rector de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid) y Pablo Nuño (representante permanente de la Misión de España) como moderador del debate.

La Dra. Sábada comenzó el diálogo. Durante su participación, enfatizó la importancia de adaptar el uso de tecnologías a las capacidades y al desarrollo de los niños. Comentó que según el informe Growing Up Digital[2], internet es una herramienta que no fue diseñada para ser utilizada por parte de menores de edad, por lo que se debe reflexionar sobre sus riesgos (sobreexposición de la intimidad, adquisición de malos hábitos, acceso a contenido peligroso, etc.). La Dra. Sábada indicó la manera en que se puede adoptar un enfoque que piense en las necesidades de los niños, a través del fomento de la comprensión del uso de internet y proveyendo una educación que no se limite a la alfabetización digital.

Por otra parte,  Renato Opertti, contextualizó la evolución del uso y entendimiento de la utilización de tecnologías en nuestra sociedad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[3]. Aclaró que nos encontramos en una fase donde las formas en que aprendemos y producimos conocimiento, se han transformado por completo. Por esta razón, Opertti señaló la relevancia de promover una educación holística, cuyo objetivo sea reflejar sobre cuestiones tanto técnicas como éticas, y que vincule aprendizaje y  contenido curricular.

La intervención del Dr. Díaz fue sobre la incorporación de valores humanos en la educación a través del uso de tecnologías. Desde su experiencia como investigador y rector, Juan Díaz sostuvo la importancia de desarrollar un enfoque educativo que tome en consideración un aprendizaje científico y tecnológico, basado en los derechos humanos, y que de manera simultánea, inculque la promoción de valores humanos, solidaridad y fraternidad.

Finalmente, el evento concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, donde participantes provenientes de colegios, organizaciones no gubernamentales y delegados de misiones permanentes, pudieron interactuar con los ponentes y contribuir a este diálogo necesario sobre educación y el uso de tecnologías en el marco de los derechos humanos.

Gabriela García

[1] Este proyecto se orienta a investigar y estudiar propuestas para el uso seguro de tecnologías, en relación con una educación integral. Para conocer más detalles sobre esta iniciativa: http://www.smartinternetusers.com/.

[2] Para ver el informe completo: https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/Growing-Up-Digital-Taskforce-Report-January-2017_0.pdf.

[3] Para consultar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.