Religious Liberty and Education: A Case Study of Yeshivas vs. New York – le rôle de l’état dans la régulation des écoles privées religieuses

Religious Liberty and Education: A Case Study of Yeshivas vs. New York est un ouvrage publié en 2020 par Rowman & Littlefield Publishers et co-édité par Jason Bedrick, Jay Greene et Matt Lee. Les éditeurs sont tous les trois experts dans le domaine de la politique éducative. En effet, Jason Bedrick, était au moment de la parution du livre, directeur stratégique de EdChoice et chercheur adjoint au Cato Institute. Jay Greene, quant à lui, est professeur émérite et président du département de la réforme éducative à l’Université d’Arkansas. Matt Lee est impliqué dans ce même département, en sa qualité de docteur émérite et adjoint principal à la recherche.

L’ouvrage examine les politiques éducatives américaines et s’intéresse au rôle déterminant joué par l’État dans la réglementation des écoles privées religieuses. En particulier, il traite de la polémique de Yeshiva (en anglais, « Yeshiva controversy »), instance où l’État de New York s’est vu reprocher d’avoir outrepassé les limites de son rôle de réglementation, au détriment du droit des parents de choisir une école conforme à leurs croyances.

Le terme « Yeshiva » désigne les écoles privées orthodoxes juives, gérées par des juifs hassidiques. Ces écoles ont fait l’objet de critiques émanant d’un groupe d’activistes appelés les Jeunes Défenseurs pour une Éducation Juste ou « Young Advocates for Fair Education (YAFFED) ». YAFFED reproche aux écoles privées orthodoxes juives de ne pas offrir une éducation laïque adaptée. Suite à ces allégations, le département de l’éducation de l’État de New York a imposé des critères plus stricts que les écoles privées sont tenues de satisfaire pour se conformer à la loi sur l’éducation de l’État de New York. La mise en place de ces nouvelles directives, beaucoup plus difficiles à suivre en pratique, pourrait entraver la liberté religieuse. De fait, cela a généré une indignation générale.

La « polémique de Yeshiva » met en lumière les tensions inhérentes à la relation entre religion et éducation. De plus, cette polémique révèle l’importance de trouver un équilibre entre d’une part, maintenir le droit des parents de choisir une école pour leurs enfants conformément à leurs croyances religieuses et, d’autre part, préserver le droit de chaque enfant de recevoir une éducation suffisante garantie par l’état.

L’objectif de Religious Liberty and Education: A Case Study of Yeshivas vs. New York est justement de trouver un point de rencontre entre le droit à l’éducation et la liberté religieuse. Dans cette perspective, l’ouvrage prend en compte diverses perspectives religieuses et des analyses d’experts issus de différents secteurs professionnels. Dans une revue, Yuval Levin (éditeur de National Affairs) a insisté sur le fait que trouver ce point de rencontre est capital pour le futur de nos sociétés libres. Ainsi, Religious Liberty and Education: A Case Study of Yeshivas vs. New York répond à un problème de société déterminant et mérite d’être lu.

Chloé Vermenouze

Le livre peut être acheté via le lien suivant :

La Corte Suprema de EEUU publica sentencia histórica sobre la libertad de enseñanza en el caso Carson contra Makin

El 21 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de EE.UU. dio un paso más hacia el reconocimiento pleno la libertad de enseñanza. El juez Robert C. J., que redactó la sentencia, se basó en dos decisiones anteriores de la Corte Supremo de EE.UU. a favor de la elección educativa: Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. vs Comer y Espinoza vs el Departamento de Hacienda de Montana.

El caso se planteó en el estado de Maine, donde se llevó a cabo un programa destinado a ayudar a los padres que no podían pagar la matrícula de sus hijos. En 1981, el Estado de Maine añadió un nuevo requisito para que las escuelas formaran parte de este programa, excluyendo de facto a las escuelas confesionales. En la práctica, esto significó que las familias que querían enviar a sus hijos a dichas escuelas, no tenían acceso a la financiación pública de las matrículas, lo que mermó considerablemente la posibilidad de estos padres de elegir una escuela acorde con sus valores y creencias.

Posteriormente, familias interpusieron una demanda contra el Comisionado del Departamento Principal de Educación del Estado de Maine, alegando que el requisito de “no confesionalidad” violaba la Constitución de los Estados Unidos. Tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal de Apelación fallaron a favor del Comisario, haciendo especial hincapié en la separación de la Iglesia y el Estado. Pero el Tribunal Supremo revocó las sentencias de los tribunales inferiores e invalidó el requisito de “no confesionalidad”, declarando que violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense relativa a la libertad religiosa. Se entendió que dicha cláusula podía poner trabajar al libre ejercicio de la libertad religiosa al ponerse impedimentos a ciertas familias al momento de escoger una escuela privada confesional.

En efecto, la sentencia de Carson facilita a todos los padres, independientemente de sus ingresos, elegir la educación de sus hijos. Con esta sentencia esta libertad en Estados Unidos es menos dependiente de las rentas de las familias. El programa de ayuda a la matrícula está ahora a disposición de los padres con bajos ingresos que deseen enviar a sus hijos a escuelas religiosas privadas.

Leslie Hiner, Vicepresidenta de Asuntos Jurídicos de EdChoice (organización nacional sin ánimo de lucro que promueve la libertad de enseñanza), destacó la importancia de Carson al afirmar que esta sentencia «acabará por fin con una larga y torturada historia de acciones antiinmigrantes y antirreligiosas que han impedido a los padres elegir una escuela para sus hijos».

Dado la repercusión de la Corte Suprema de EE.UU., esta decisión tiene un impacto, al menos cultural, más allá de las fronteras estadounidenses, por lo que a nivel global el eco de esta sentencia nos acerca hacia un reconocimiento pleno del pluralismo educativo a nivel mundial.  

Chloé Vermenouze

New report of the Special Rapporteur on the right to education on migrants

The Special Rapporteur on the right to education, Koumbou Boly Barry, identifies two key statements in the latest report on migrants’ right to education as a cultural right: the challenges that migrants face when exercising their rights, and the important link between education and culture.

            Firstly, migrants face endless challenges when exercising their right to education. This has affected migrants, minorities and the marginalised population because they do not have the resources to access quality education, which also conditions their identity as migrants. In order to avoid an increase of inequalities and promote more inclusive education, Dr. Boly Barry suggests following the 4As: availability, acceptability, accessibility and adaptability.

            The last two As are the most prominent in this report because it aims to make education more accessible and adaptable for migrants to enjoy their rights. The link between culture and education is crucial to understanding how one works for the other and vice-versa. It is their cultural right to obtain access to quality education since they both foster knowledge and development in the long run.

            The universality of these two rights emphasize the goal to «ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” (fourth Sustainable Development Goal of the United Nations), including migrants.

Fernanda Barrio

To obtain more information about the report, access the following link: https://undocs.org/A/HRC/47/32

Reimaginar Juntos Nuestros Futuros: Un nuevo contrato social para la educación

La UNESCO acaba de publicar titulado “Reimaginar Juntos Nuestros Futuros: Un nuevo contrato social para la educación”. Este informe se ha realizado por una Comisión liderada por la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, que ha recogido más de un millón de contribuciones en su proceso de consulta global. En él, se aboga por una transformación mayoritaria del panorama educativo que ayude a reparar las injusticias históricas y mejore la colaboración por un futuro justo y sostenible. Con ello, la UNESCO espera iniciar una conversación global con el propósito de forjar un nuevo contrato social entre los miembros de las sociedades de todo el mundo. El informe de la ONU «Un nuevo contrato social para la educación» tiene como objetivo reconocer el progreso y los nuevos desafíos que conciernen a la educación en su proceso de dar forma a futuros pacíficos, justos y sostenibles.

La primera parte del documento muestra dónde estamos y de dónde venimos. En 1945, cuando al mundo lo poblaban 2400 millones de personas, el 45% de las mismas había asistido a la escuela. En 2020 la población mundial alcanzaba 8 mil millones, de las cuales el 90% pudo asistir a primaria, el 85% a secundaria básica y el 65% a formación secundaria superior. No obstante, y aunque los datos reflejan clara mejoría, el mundo parece estar en un punto de inflexión en el que la creciente desigualdad social y económica sumada al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el retroceso democrático, la automatización tecnológica disruptiva, la pobreza persistente, la violencia o el uso de los recursos naturales excediendo los límites planetarios señalan una actual coyuntura histórica negativa. Asimismo, la expansión de la educación es incompleta e inequitativa.

Exceder los límites planetarios en términos de producción, consumo y desperdicio de materiales son algunos de los problemas que contribuyen al cambio climático. Este provoca desplazamientos que dificultan el acceso a la educación. Asimismo, el cambio climático aumenta la desigualdad de género entre los más pobres. Por otro lado, las personas más educadas del mundo son las más contribuyentes a la degradación planetaria. Por ello, se necesita crear un enfoque renovado y efectivo que permite que los estudiantes desarrollen la capacidad de adaptación con el objetivo de mitigar el cambio climático. De igual modo, se debe trabajar por reducir la brecha digital, crucial en el acceso a la educación.

El retroceso democrático y la creciente polarización también deben abordarse. Las disrupciones del discurso cívico y las crecientes violaciones a la libertad de expresión tienen consecuencias importantes para la educación. Los factores incluyen desde el surgimiento de líderes populistas y el crecimiento del nacionalismo, hasta el poder de las redes sociales con su capacidad en tiempo real para difundir noticias intencionalmente engañosas, cuyos datos están manipulados, o son directamente falsas. El lado positivo es que hay una movilización ciudadana cada vez más activa que exige derechos democráticos y respeto por el estado de derecho, que debe ser reflejada en los futuros planes educativos.

Para abordar los problemas, el informe invita al mundo a convertir la educación en un contrato social basado en el bien común. Espera unificar en torno a problemas colectivos además de proporcionar el conocimiento y la innovación necesarios para brindar justicia social, económica y ambiental, ya que considera que las decisiones que se tomen hoy determinarán el futuro compartido. Entiende que la pedagogía debe basarse en la cooperación y la solidaridad, desarrollando las capacidades de estudiantes y profesores para trabajar en colaboración para transformar el mundo. Juntos, profesores y estudiantes deben formar una comunidad de buscadores y constructores de conocimiento. Una pedagogía basada en la solidaridad debe reconocer y corregir las exclusiones sistemáticas impuestas por el racismo, el sexismo, el colonialismo y los regímenes autoritarios en todo el mundo. Los principios básicos de interconexión e interdependencias; la cooperación y la colaboración se deben enseñar y practicar en todos los niveles y edades. La solidaridad, compasión, ética y empatía deben arraigarse en el proceso de aprendizaje. La evaluación debe ir en consonancia con estos principios de una manera significativa para el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes.

En este nuevo contrato social para la educación, los planes educativos deben surgir de la riqueza del conocimiento común y abarcar el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario para que los estudiantes accedan y produzcan conocimiento mientras desarrollan su capacidad crítica. Los planes de estudio deben enseñar cómo estamos interconectados con un planeta vivo y dañado. Aprender a sentir empatía, cooperar, abordar los prejuicios y sortear los conflictos es valioso para todas las sociedades. El nuevo contrato social debería apuntar a ampliar la alfabetización y crear futuros plurilingües ya que la diversidad lingüística es una característica clave del conocimiento compartido de la humanidad. Además, se deben enriquecer las matemáticas, aprender de las humanidades, desarrollar la imaginación a través de la educación artística y cultivar la investigación y la comprensión científica mientras se aplican esas habilidades al mundo digital. Los planes de estudio deben fomentar la capacidad de discernimiento y la investigación de una verdad compleja. Por último, la educación debe fomentar los derechos humanos, la ciudadanía activa y la participación democrática. Los planes de estudio de este nuevo contrato social deberían, por lo tanto, mejorar las habilidades de los estudiantes para acceder a los conocimientos comunes y contribuir a ellos; reorientar el lugar de los seres humanos en el mundo hacia la solución de la crisis ecológica; contrarrestar la difusión de información errónea a través de alfabetizaciones científicas, digitales y humanísticas; y fomentar los derechos humanos y la participación democrática como pilares fundamentales del aprendizaje que transforma a las personas y al mundo.

Los docentes son un eje fundamental y su profesión debe revalorizarse y reinventarse a través de un esfuerzo colectivo para generar nuevos conocimientos y lograr una transformación educativa y social. La enseñanza exige compasión, competencia, conocimiento y determinación ética. Los talentos y habilidades individuales de los maestros deben reforzarse mediante la colaboración y el apoyo. No sería posible reinventar los planes de estudio sin la presencia de profesores en la toma de decisiones. Desgraciadamente, éstos siguen siendo poco reconocidos, subestimados, mal pagados e inadecuadamente apoyados. El desarrollo docente es un continuo rico y dinámico de aprendizaje y experiencias que duran toda la vida. El nuevo contrato social debe proveer la colaboración eficaz y el trabajo en equipo como características del trabajo de los docentes; la producción de conocimiento, reflexión e investigación como parte integral de la enseñanza; el apoyo a la autonomía y libertad de los docentes; y permitir la participación de los docentes en el debate público y el diálogo sobre el futuro de la educación.

Las escuelas deben considerarse lugares educativos protegidos debido a la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo que proporcionan, y deben reinventarse para promover mejor la transformación del mundo hacia un futuro justo, equitativo y sostenible. Las escuelas tienen un papel insustituible que implica ser componentes centrales de ecosistemas educativos más amplios. Fomentan las relaciones sociales, estimulan las interacciones humanas, los diálogos y el intercambio. Sin embargo, es necesario transformarlos para asegurar que no sirvan para afianzar las desigualdades o ampliar las disparidades, sino que sean plataformas para la cooperación, el cuidado y el desarrollo. Por estas razones, la UNESCO enfatiza la necesidad de proteger las escuelas como espacios donde los estudiantes encuentran desafíos y posibilidades que no están disponibles para ellos en otros lugares. Se debe rediseñar las escuelas basando sus valores en los derechos humanos y la capacidad colectiva de las sociedades para que sirvan como ejemplo de neutralidad de carbono y sostenibilidad.

El nuevo contrato social por la educación debe ampliar las oportunidades educativas que se desarrollan a lo largo de la vida y en los diferentes espacios culturales y sociales. Al hacerlo, los estados tienen la responsabilidad de garantizar que los sistemas educativos se financien de manera adecuada y equitativa. Las decisiones sobre tecnologías digitales deben tomarse en la esfera pública y guiarse por el bien común. La mejor estrategia para hacerlo es garantizar la democratización del espacio cibernético dentro de una sólida esfera pública. Además, la educación debe apoyar el derecho a participar en la vida cultural proporcionando acceso a los recursos culturales que dan forma a las identidades y amplían las cosmovisiones. Los objetivos por lograr incluyen oportunidades educativas de calidad en todo momento de la vida; ecosistemas educativos saludables que conecten sitios de aprendizaje naturales, construidos y virtuales; asegurar la capacidad del gobierno para el financiamiento público y la regulación de la educación; y ampliar el derecho a la educación para incluir aspectos como la información, la cultura y la ciencia.

Para catalizar un nuevo contrato social para la educación, la Comisión pide una agenda de investigación colaborativa a nivel mundial basada en el derecho a la educación a lo largo de la vida y que agradezca las contribuciones de asociaciones, educadores, instituciones y una diversidad de culturas. La investigación y la innovación deben fortalecer las capacidades de prospectiva futura y alfabetización. La Comisión pide una agenda de investigación colectiva mundial, sobre el futuro de la educación. El conocimiento, los datos y la evidencia que se produzca para el futuro de la educación deben incluir diversas fuentes y tipos de conocimiento. La innovación educativa debe reflejar una amplia gama de posibilidades en diversos contextos y lugares.

La UNESCO también pide un compromiso renovado con la colaboración global en apoyo de la educación como un bien común, que se base en una cooperación justa y equitativa entre actores estatales y no estatales en todos los niveles (local, nacional e internacional). Las instituciones mundiales deberían desempeñar un papel único en orientar nuestra atención hacia los desafíos a largo plazo. Los objetivos para el diálogo y la acción incluyen un llamado a todos los actores de la educación a trabajar juntos a nivel global y regional para generar propósitos compartidos y soluciones comunes a los desafíos educativos; Asegurar una cooperación internacional que opere bajo subvención, apoyando y desarrollando las capacidades locales, nacionales y regionales para abordar los desafíos. Además, se necesita un enfoque en la financiación del desarrollo internacional para los países de ingresos bajos y medianos bajos, así como inversiones comunes en ensayos, datos y conocimientos como eje transversal de una cooperación internacional eficaz.

La Comisión confía en cambiar de rumbo a través de millones de actos individuales y colectivos de valentía, liderazgo, resistencia, creatividad y protección. Además, serán de especial importancia los roles de docentes, universidades e instituciones de educación superior, gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, juventud, niños, investigadores, padres y líderes culturales y religiosos.

Sara Castillo

Enlace al informe en castellano: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa

UNESCO’S REPORT: Reimagining our future together:  A new social contract for education

UNESCO recently published a report, which accounted for over a million submissions in its global consultation process. In it, they call for a major transformation of the educational landscape that repairs past injustices and enhances the capacity to act together for a just and sustainable future. It hopes to start a global conversation to forge a new contract between all members of societies around the world. The UNESCO’s report “A new social contract for education” aims to recognize the progress and new challenges that the education landscape is concerned with in the process of shaping peaceful, just, and sustainable futures.

In 1945 with a population of 2.4 billion, 45% had attended school. In 2020 with a population of 8billion, 90% had attended primary, 85% lower secondary and 65% upper secondary. However, the world seems to be at a turning point in which there is widening social and economic inequality, climate change, biodiversity loss, resource use that exceeds planetary boundaries, democratic backsliding, disruptive technological automation, persistent poverty, rising inequality and violence are the hallmarks of our current historical juncture. Education expansion is incomplete and inequitable.

Other issues include exceeding planetary boundaries in terms of material production, consumption, and waste. Climate change can force displacements which can hinder access to education. Moreover, climate change is evidenced to increase gender inequality among the poorest. Additionally, the world’s most educated people are the most accelerating of climate change. For this reason, we need renewed and effective approaches to help students develop the capabilities to adapt and mitigate climate change. A focus on reducing the digital divide is also crucial in considering access to education.

Democratic backsliding and growing polarization are issues that need to be addressed. The breakdowns in civic discourse and growing infringements on the freedom of expression all have great consequences for education. Factors involved range from the rise of populist leaders and the growth of nativism manifesting as nationalism, to the power of social media with its capacity in real-time to disseminate intentionally misleading «fake news» and the manipulation of data. On a positive note, there is increasingly active citizenship mobilization that demands democratic rights and respect for the law which should filter through to future curricula.

To address the issues, the report invites the world to perceive education as a public and common good that needs based on a social contract that needs to be renewed. It hopes to unite around collective issues and provide the knowledge and innovation needed to provide social, economic, and environmental justice as it believes that the choices made today will determine the shared future. Pedagogy should be rooted in cooperation and solidarity, building the capacities of students and teachers to work together in trust to transform the world. Together, teachers and students need to form a community of knowledge-seekers and builders. Pedagogies of solidarity should recognize and redress the systematic exclusions and erasures imposed by racism, sexism, colonialism, and authoritarian regimes around the world. Basic principles are interconnectedness and interdependencies; cooperation and collaboration taught and practiced across levels and ages; solidarity, compassion, ethics, and empathy ingrained in the learning process; and assessment aligned with the aims in a meaningful way for students’ growth and learning

In the new social contract for education, curricula should grow out of the wealth of common knowledge and embrace ecological, intercultural, and interdisciplinary learning that helps students access and produce knowledge while building their capacity to critique and apply it. Curricula must enable re-learning how we are interconnected with a living, damaged planet. The capacity to live in harmony with what is needed for mutual existence can be learned through education. Learning how to empathize, cooperate, address prejudice and bias and navigate conflict are valuable in every society. The new social contract should aim at broadening literacies and creating plurilingual futures because linguistic diversity is a key feature of humanity’s shared knowledge. Moreover, we should enrich numeracy, learn from the humanities, build imagination through arts education, and cultivate scientific inquiry and understanding while applying those skills in the digital world. Curricula must foster capacities for discernment and the sincere investigation of truth that is complex and nuanced. Lastly, education should foster human rights, active citizenship, and democratic participation. The curricula of this new social contract should, therefore, enhance learner’s abilities to access and contribute to the knowledge commons; reorient the place of humans in the world towards solving the ecological crisis; counter the spread of misinformation through scientific, digital, and humanistic literacies; and foster human rights and democratic participation as key building blocks for learning that transform people and the world.

Teachers must be at the center and their profession revalued and reimagined as a collective endeavor to spark new knowledge to bring about educational and social transformation. Teaching demands compassion, competence, knowledge, and ethical resolve. The individual talents and abilities of teachers need to be bolstered by collaboration and support. There can be no reimagination of curricula without the presence of teachers. Teachers, however, remain under-recognized, underappreciated, underpaid, and inadequately supported. Teacher development is a rich and dynamic continuum of learning and experiences that are life-long. Principles should provide for effective collaboration and teamwork as characteristics of the work of teachers; production of knowledge, reflection, and research as integral to teaching; support for the autonomy and freedom of teachers; and enable the participation of teachers in public debate and dialogue on the futures of education

Schools should be protected educational sites because of the inclusion, equity, and individual and collective well-being they support – and reimagined to better promote the transformation of the world towards more just, equitable and sustainable futures. Schools have an irreplaceable role that involves being central components of larger educational ecosystems. They foster social relations, stimulate human interactions, dialogues, and exchange. However, some necessary transformations need to undergo so that they do not serve to entrench inequalities or widen disparities but are platforms for cooperation, care, and change.  For these reasons, the Commission emphasizes the need to protect schools as spaces where students encounter challenges and possibilities not available to them elsewhere; redesign schools guided by a building collective capacity, and model the future by ensuring human rights are accounted for and schools become exemplars of sustainability and carbon neutrality.

The new social contract for education should enjoy and expand enriching educational opportunities that take place throughout life and in different cultural and social spaces. In doing so, states have a key responsibility for ensuring that educational systems are adequately and equitably financed. Decisions about digital technologies should be made in the public sphere and guided by the common good. The best strategy to do so is to ensure democratization of the cyberspace within a robust public sphere. Additionally, education should support the right to participate in cultural life by providing access to cultural resources that shape identities and expand worldviews. The principles to keep in mind include meaningful and quality educational opportunities at all times of life; healthy educational ecosystems that connect natural, build and virtual sites of learning; ensuring government capacity for the public financing and regulation of education; and broadening the right to education to include aspects such as to the information, culture, and science.

To catalyze a new social contract for education, the Commission calls for a worldwide, collaborative research agenda grounded in the right to education throughout life, and welcoming contributions from grassroots associations, educators, institutions, sectors, and a diversity of cultures. Research and innovation must strengthen the capacities of foresight and future literacy.  The Commission calls for a generalized, worldwide, collective research agenda on the futures of education. The knowledge, data, and evidence that is produced for the future of education must be inclusive of diverse sources and types of knowledge. Educational innovation must reflect a wide range of possibilities across diverse contexts and places.

The Commission also calls for a renewed commitment to global collaboration in support of education as a common good, premised on more just and equitable cooperation among state and non-state actors at all levels (local, national and international). Global institutions should play a unique role in orienting our attention to longer-term challenges. Principles for dialogue and action include a call on all educational stakeholders to work together at global and regional levels to generate shared purposes and common solutions to educational challenges; ensure international cooperation that operates from a principle of subsidiarity, supporting and building capacity in local, national, and regional efforts to address challenges. Moreover, a focus on international development financing for low and lower-middle-income countries is needed, as well as common investments in evidence, data, and knowledge as an essential part of effective international cooperation.

The Commission believes that we will change course through millions of individual and collective acts of courage leadership, resistance, creativity, and care that gives special importance to the roles of teachers, universities and higher education institutions, governments, international and civil society organizations, youth, children, researchers, parents, cultural and religious leaders.

Sara Castillo

Link to the report: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707

¿El fin del homeschooling en Francia?

Francia, como otros países, está aprovechando este período convulso para reformar la ley educativa. De momento sobre el proyecto educativo galo aún sabemos poco, pero una cosa que el presidente francés ha dejado claro es su clara intención de suprimir el home-schooling excepto en los supuestos de enfermedad.  

En estos momentos la ley francesa indica que la educación es obligatoria de los 3 a los 16 años, y los padres puedes escoger educar a sus hijos ya sea en un establecimiento privado –público o privado- o bien asegurar ellos mismos la instrucción.

Los padres que escogen la educación en casa deben informar al director académico de los Servicios de la Educación Nacional y al ayuntamiento del municipio en el que residen. Por un lado, el ayuntamiento tiene el deber de verificar, cada dos años, que la realización de esta modalidad educativa se puede realizar en el entorno familiar escogido. Los servicios académicos igualmente efectúan varios controles anuales de tipo pedagógico para verificar que adquiera los conocimientos propios de un niño de su edad y asegurar la pertinencia de los métodos pedagógicos ejercidos. Si los resultados de alguna de estas dos evaluaciones son negativas el niño es obligado a asistir a la educación en un colegio.

El homeschooling es un buen indicador de la confianza que los gobiernos tienen en sus ciudadanos ¿Qué mejor ejemplo que permitir a los padres educar a sus hijos para evaluar la confianza en tus ciudadanos? Asimismo, el sistema implementado actualmente se precia como muy garantista, asegurando que los derechos del niño son garantizados a lo largo del proceso de aprendizaje.

El homeschooling en Francia es una opción bordeando lo marginal y el sistema actual, hasta el momento, había levantado pocas ampollas. La narrativa utilizada por esta futura prohibición es la radicalización de los niños educados en casa. No obstante los padres se han sorprendido de estas afirmaciones no demostrables, y por las que tampoco han sido consultados.

En fin, seguiremos observando…

A sentence of the Spanish Constitutional court recognizes that public funding of compulsory education in non-governmental schools with legitimate pedagogical options, is a constitutional duty to guarantee the freedom of approach of the right to education :

On April 10th of last year, the Spanish Constitutional Court of Spain in its judgment 31/2018 resolved a conflict on the funding of single sex schools that shed some light on the obligations of the state regarding public funding for non-governmental schools. About single sex schools the sentence mention that “the system of single-sex education is a pedagogical option which cannot be deemed as discriminatory. Therefore, it can be a part of the right of any private or non-governmental school to establish its own character”. About the particular character of a school the sentence continues saying that this ethos “can be considered to a great extent (…) the point of convergence that makes possible the exercise of the right of creation of educational institutions and the right of parents to choose the kind of education that they wish for their children, putting in connection educational supply and demand”.

Concerning the funding for these schools it says that the “public authorities shall give aid to teaching establishments which meet the requirements to be laid down by the law”. Moreover, recalling that basic education is compulsory and free by the Constitution the Court concludes that “it is incumbent upon the public authorities to promote conditions which ensure that the freedom and equality of individuals and of the groups to which they belong may be real and effective, to remove the obstacles which prevent or hinder their full enjoyment, and to facilitate the participation of all citizens in political, economic, cultural and social life”. The sentence continues “This constitutionally guaranteed free education cannot refer exclusively to the governmental or public school, denying it all private or non-governmental schools, since this would imply the compulsory nature of such a governmental education, at least at the basic level, preventing the real possibility to choose the basic education in any private centre. This would cut from the root not only the right of parents to choose a teaching centre, but also the right to create teaching centres enshrined in Article 27.6 of the Spanish Constitution (The right of individuals and legal entities to set up educational centres is recognised, provided they respect Constitutional principles). In this sense, public funding of private schools is at the service of the provision content enshrined in art. 27.4 of the Spanish Constitution (Elementary education is compulsory and free).“

From a Human Rights perspective we can celebrate this sentence for many reasons. First, because it considers the article 26 of the Universal Declaration of Human Rights from a holistic perspective without dividing the freedom approach and the provision approach of the right to education. Second, and as a consequence of the first reason, because it considers the freedom approach of the right to education as something that goes beyond a mere liberty. Third, because its multiple references to international instruments such as the UNESCO Convention against Discrimination in Education, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the General Comment n°13 on the Right to Education.

Here you have the link to the entire sentence: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6823

Ignasi Grau

 

Debate in the Human Rights Council on privatization and the role of non-governamental schools

The Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the Right to Education took place on July 26th and 27th during the 41th session of Human Rights Council in Geneva.

In this session, the Special Rapporteur’s report on the right to education and in particular on the increase of private actors’ s participation on the field of education had been discussed.

In this regard, we at OIDEL were concerned about the possible interpretation that states could face significant limitations in their relationship with schools in the private sector, in particular about the ways of funding non-governmental schools. These doubts were first communicated to the Special Rapporteur in private in order for the latter to clarify some points that could be problematic from a Human Rights perspective.

During the debate, the Special Rapporteur made a brief introduction remembering the state’s obligation to guarantee access to public, free and quality education for everyone. This aim is stated in goal number 4 of the 2030 Agenda.

Furthermore, Ms. Bally Barry showed her concerns about the increase of private actors in the field of education. In this sense, she insisted on the fact that states have to establish a framework to regulate the participation of these private actors. She also highlighted that her recommendations are inspired by the Abidjan Principles.

Even if states have to give priority to funding public education, the Special Rapporteur recalled that this obligation cannot imply the violation of the parent’s right to choose for their children other different schools from the ones offered by the state. The state has to respect this freedom and has to guarantee the right to create new non-governmental schools by civil society. The Special Rapporteur stressed the importance of this freedom in order to ensure protection of religious, philosophical and pedagogical beliefs of parents. 

After the introduction, delegations of different states intervened. Many of them thanked the Special Rapporteur for her work and they informed about the current situation of the right to education in their own countries. Also, many of them emphasized the use of public-private partnerships as a way of supporting education of children by the non-governmental institutions, in order to offer a better educational system overall.

Moreover, many delegations asked for examples of best practices on how states can form the most effective public-private partnerships while adhering to human rights principles.

After these interventions, NGO’s and members of the civil society had been given the floor. Director Ignasi Grau spoke for OIDEL and also on behalf of several other NGO’s.

In the oral statement, after thanking the Special Rapporteur for her work, OIDEL reclaimed some clarifications. In particular, OIDEL insisted on the importance of the role of non-governmental schools in order to achieve a pluralistic educational system and in order to protect the rights of minorities. Some elements of the report have to be clarified so they will not be misinterpreted as limiting the right to education and the freedom to choose. You can read the oral statement of OIDEL in this link.

The debate concluded with a summary statement of the special rapporteur. She acknowledged the important role of non-governmental and non-profit schools, especially in those places where the states do not have the resources to fulfil their obligations. In particular, Ms. Bolly Barry praised the strategies developed by countries such as France  (with institutions as “l’école sous contrat”) or Tunisia where public-private partnerships have been launched, contributing to offer higher quality education. 

It’s vitally important to underline the distinction made by the special rapporteur to close the debate. Ms. Bolly Barry clarified that, when she mentions private actors whose practices imply a threat to right to education, she exclusively refers to private mercantilists and the for-profit sector – not civil society’s schools, including religious schools. This way, the special rapporteur affirmed the importance of state support for civil society in the field of education in order to achieve the best posible realization of the right to education. 

 

Amelia Suárez Picazo

 

 

 

 

Debate sobre la privatización y el rol de las escuelas no-gubernamentales en el Consejo de Derechos Humanos

Los días 26 y 27 de junio ha tenido lugar el diálogo interactivo con la relatora especial sobre el derecho a la educación en el marco de la 41a sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

En dicha sesión, se ha debatido y comentado el informe escrito por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación Ms. Bolly Barry en relación al incremento de la participación de actores privados.

En relación con el informe, en OIDEL surgieron ciertas preocupaciones sobre la posible interpretación que podría hacerse por parte de los estados, en concreto en lo relativo a las formas de financiación de las escuelas no gubernamentales. Estas dudas se manifestaron primero en privado a la Relatora Especial, con el objetivo de que ésta última aclarase durante el diálogo ciertos puntos que podrían resultar problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos.

Durante el desarrollo de la sesión, la relatora especial ha realizado una breve introducción recordando la obligación de los estados de garantizar el acceso de todos a una educación pública, gratuita y de calidad. Dicho deber se recoge en el objetivo 4 de la Agenda 2030.

Además, Ms. Bally Borry ha mostrado su preocupación por el fuerte incremento de los actores privados en el sector educativo. En este sentido, ha insistido en la necesidad de que los estados establezcan un marco regulatorio para la actividad de los actores privados en el ámbito educativo y ha recalcado que las recomendaciones de su escrito se inspiran en los Principios de Abidján.

A pesar de insistir en que los estados deben priorizar la financiación de la educación pública, la relatora especial ha recordado que esta obligación no puede obviar el derecho de los padres a elegir centros escolares no gubernamentales para sus hijos. El estado debe respetar dicha libertad de elección, así como garantizar el derecho a crear nuevos colegios no gubernamentales por parte de la sociedad civil. La relatora ha hecho hincapié en la importancia de esta libertad sobre todo para garantizar la protección de las convicciones religiosas, pedagógicas y filosóficas de los padres. Según la relatora, existen actores privados que pueden ofrecer otras vías de educación, pero deben ser regulados por los estados para que esto no acentúe las desigualdades.

Tras su introducción, han intervenido las delegaciones de los distintos estados. Numerosos países han agradecido el trabajo realizado por la relatora y han informado sobre la actual situación del derecho a la educación en sus respectivos estados. Muchos de ellos han recalcado el uso de alianzas público-privadas en sus territorios como forma de apoyo al estado por parte del sector no-gubernamental, con el fin de ofrecer un mejor sistema educativo.

Además, son muchas las delegaciones que han solicitado a la relatora especial que exponga ejemplos de buenas prácticas de colaboración entre el estado y el sector privado.

Tras estas intervenciones, se ha dado la palabra a las ONG’s y miembros de la sociedad civil. OIDEL ha sido la primera ONG en intervenir, en nombre propio y en el de otras ONG.

En su declaración, después de agradecer a la relatora especial su trabajo, OIDEL ha solicitado que clarifique los puntos más controvertidos. En particular, OIDEL ha insistido sobre la importancia del papel de las escuelas no gubernamentales a la hora de garantizar un sistema educativo plural que refleje la diversidad cultural y proteja los derechos de las minorías. Varios elementos del informe deben esclarecerse para evitar que se interpreten erróneamente y contribuyan paradójicamente a limitar el derecho y libertad de educación. Adjuntamos la declaración oral completa de nuestro director Ignasi Grau.

La sesión ha concluido con una última intervención de la relatora especial. Ésta ha reconocido en su conclusión el importante papel que juegan las escuelas no-gubernamentales y no lucrativas, sobre todo en aquellos lugares en los que el estado no dispone de medios para cumplir con su obligación de garantizar el acceso de todos a la educación. En concreto, Ms. Bolly Barry ha alabado las estrategias desarrolladas por países como Francia (con instituciones como l’école sous contrat) o Túnez donde se han puesto en marcha alianzas público-privadas que han contribuido a ofrecer una educación de mayor calidad.

Es de vital importancia recalcar la clara distinción hecha por la relatora para cerrar el debate. Ms. Bolly Barry ha aclarado que, cuando menciona a los actores privados cuyas prácticas pueden implicar un riesgo para el derecho a la educación, se refiere exclusivamente al sector privado mercantilista con fin lucrativo y no a los colegios privados de la sociedad civil como los colegios religiosos. De esta forma, la relatora especial ha recordado la importancia de que el estado apoye a la sociedad civil en el campo de la educación con el fin de que dicha colaboración conduzca a la mejor realización posible del derecho a la educación.

Amelia Suárez Picazo

Oral statement during the Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the Right to Education

Yesterday in the UNOG during the 41st Human Rights Council there was held the interactive dialogue with the Special Rapporteur on the Right to Education. The aim of the report was to talk about the implementation of the right to education in the context of growth of private actors. OIDEL has participated in the debate with the aim to recall the important role of non-profit non-governamental actors in the realization of the right to education.

Here you have the oral statement we delivered:

 

On the behalf of 5 NGOs, we thank the Special Rapporteur for preparing her report on “The implementation of the right to education and Sustainable Development Goal 4 in the context of growth of private actors in education”. We acknowledge the importance of considering the phenomenon of privatization from a human rights perspective.
First, we welcome the report’s emphasis on the obligations placed upon states to protect and promote freedom of education, which includes, inter alia, the prior right of parents to choose an institution for their child other than the one provided by public authorities, as stated in article 26.3 of the Universal Declaration of Human Rights.

Second, we commend the Special Rapporteur for drawing attention to the Sustainable Development Goals for 2030 throughout the report; in particular, Goal 17, which encourages public-private partnerships among other forms of funding in the field of education. Former Special Rapporteur Kishore Singh had spoken about the good practice of conciertos económicos in Spain in this regard (A/HRC/29/30). Further discussion on similar innovations that utilize such partnerships as a tool to overcome the challenges of privatization would be most welcome.
Moreover, we believe that a plural educational system must reflect diversity in order to ensure the cultural dimension of the right to education. However, the guarantee of this right depends on non-governmental schools and educators having access to public funding. Problematically, the report claims that the funding of non-governmental non-profit schools must be a time-bound measure. More still, the report has caused uncertainty regarding the obligation on states to fund non-governmental schools internationally by introducing a set of criteria for states to consider when making supportive financial commitments. It is suggested that the contributions should only be given to non-governmental entities where governmental options do not exist.
If such a view is to be taken, then the specific educational needs of minority religious and indigenous groups, who wish to pursue educational options within their specific cultural context, may be ignored. According to these criteria the State must prove that public-private partnerships is “the only effective option to advance the realization of the right to education” in order to fund private instructional educational institutions. We will appreciate clarification from the Special Rapporteur in order to secure support for non-profit educational actors, to prevent discrimination and to ensure that nobody is left behind in attaining the right to education for all.

 

Ignasi Grau