Pequeña reflexión sobre el “pin parental” o el “opt out from school”

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Uno de los debates que existen desde que la educación se convierte en un derecho es lo que en la tradición anglosajona se ha denominado “opt out from school” y lo que en España ha recibido el nombre de “Pin Parental”. Se trata de un debate complejo, global y que hay que mirar caso por caso. No obstante, para dar pistas sobre cómo enfocar dicho debate, resulta oportuno dar varias nociones sobre los planteamientos del mismo desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva teórica.

Tradicionalmente, este debate se presenta como una colisión entre una educación que permita “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” (Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (por parte de los padres)” (Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Este derecho preferente a escoger el tipo de educación por parte de los padres busca que “(los) hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (de los padres)”. La conexión entre la libertad de enseñanza y la libertad religiosa es obvia, tal y como se desprende del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la libertad religiosa en el cual “Los Estados Partes (…) (se) comprometen a respetar la libertad de los padres (…) para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” En este mismo sentido, se ha manifestado el Comité de Derechos Humanos en la Observación General No. 22 sobre la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión[1].

La Declaración de Derechos Humanos no pretendía ser un documento comprensivo y exhaustivo, sino un documento de puesta en común y plural, que pudiera ser aceptado por múltiples perspectivas tanto filosóficas como religiosas. La presencia pluralista entre sus redactores lo atestigua. Tal y como advirtió Maritain[2], “estamos de acuerdo sobre los derechos, pero sobre las condiciones nadie pregunta por qué”[3]. Es difícil entonces pensar que “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” tengan un contenido tan exhaustivo y comprensivo como algunos pretenden. Sería imposible que un contenido tan exhaustivo fuera aceptable para personas razonables con distintas concepciones de la vida como humanistas, cristianos, musulmanes, ateos, liberales y comunistas puedan aceptar.

A menudo la forma en que se focaliza este “fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” se entiende de distintas maneras, y creo, que este es uno de los núcleos de la presente discusión.

Por un lado, teóricos como Amy Gutmann[4] advierten que el principal objetivo de lo que denominan educación cívica debe ser la deliberación racional entre distintos estilos de vida[5]. Gutmann defiende que los niños deberían ser sometidos a los distintos modelos de vida buena con un doble objetivo, que, una vez llegados a la vida adulta, puedan escoger el que más les convenga, y que conozcan los modelos de vida buena (de los otros). Así las cosas, cabe señalar la autonomía como valor principal de este primer modelo.

Por otro lado, tenemos a un grupo de pensadores, entre los que figuran Arneson y Shapiro, que proponen un segundo modelo cuyo contenido es menos ambicioso y pretende informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, y asegurar que puedan ejercer la ciudadanía en un mundo plural[6].

El problema de la primera concepción es doble. Por un lado, en un mundo plural es fácticamente imposible que se dé una visión completa de todos los modelos de vida buena, por lo que algunos modelos serían dejados de lado y otros serían ninguneados o pobremente tratados. Asimismo, la concepción antropológica del ser humano tras esta concepción es controvertida puesto que entiende al ser humano como un ente aislado que debe enfrentarse en la entrada a la vida adulta con distintos modelos buenos, sin tener en cuenta el peso de las circunstancias. El ser humano es más complejo que esta realidad. Es un ser social, que se relaciona, “un adentro que necesita un afuera”[7]. No es de extrañar que una educación que pueda ser contraria a valores razonables de una familia o de una comunidad encuentre resistencia por parte de los padres e incluso de ciertos estudiantes que se ven obligados a escoger entre el modelo de vida buena de la familia y los modelos de vida buena propuestos por el estado. El segundo modelo de educación cívica tiene menos obsesión con la autonomía del niño y busca sobre todo la enseñanza de normas compartidas por todos los ciudadanos razonables, con el objetivo de asegurar una convivencia pacífica en un mundo plural.
El “opt out” es la consecuencia de enseñar a los niños una educación contraria a la que se da en el hogar. No obstante, es importante tener en cuenta que, dependiendo del modelo de educación cívica y de derechos humanos vigente, la objeción de los progenitores puede estar más o menos justificada. Decíamos al principio que el debate que aquí nos ocupa nace del conflicto entre el reconocimiento del derecho de los padres y una educación en derechos humanos, que permita el desarrollo de la personalidad. El papel de las autoridades competentes no es sencillo en estas circunstancias, pero desde una perspectiva de derechos humanos parece que éste debe procurar una educación cívica o en derechos humanos, que pueda ser aceptada por la gran mayoría de ciudadanos razonables y compatible con el respeto a la educación moral y religiosa de los progenitores, admitiendo ciertas cláusulas para que los hijos no tengan la obligación de seguir determinadas clases cuando esto no sea aceptable[8].

El diseño de políticas educativas no puede ser un conflicto constante entre las autoridades civiles y los progenitores, sino un diálogo que considere ambas partes con sus derechos, en pro de conseguir el interés superior del menor y una realización holística del derecho a la educación.

Ignasi Grau

[1] Observación General No. 22, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 18 – Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 48º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 179 (1993)

[2] Jacques Maritain, filosófo francés.

[3] GLENDON, Mary Ann (2001) A World made new. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights Random House (p.77)

[4] Amy Gutmann es la octava presidenta de la Universidad de Pensilvania. Graduada en teórica política, es además autora de 16 libros, y profesora universitaria. Pertenece a la corriente de Christopher H. Browne, distinguido profesor de Ciencias Políticas en la escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania y  profesor de comunicación en la Escuela de Comunicación Annenberg, con citas de facultad secundaria en filosofía en la Escuela de Artes y Ciencias y la Escuela de Licenciado de Educación. Fuente de información: Wikipedia

[5] Gutmann, A. (1987, revised 1999) Democratic Education. Michigan Law Review, 86(6).

[6] Arneson, R. J. & Shapiro I., (1996) Democratic Autonomy and Religious Freedom: A critique of Wisconsin v. Yoder. Nomos, 38, Political Order

[7] Mounier, E. (1946) Traité du caractère. Divers – Essais.

[8] Nations Unis, Rapport de la Rapporteuse Spéciale sur le Droit à l’Education, Katarina Tomasevksi  (2004) Rapport de la rapporteuse spécial : Le droit à l’éducation E/CN.4/2004/45, disponible sur : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/103/29/PDF/G0410329.pdf?OpenElement

 

 

 

Alarms against freedom of education in Sweden:

After the elections in September 2018, there were difficulties to form a new government. Finally, in January, a new government was formed, the Social Democrats and the Green Party, along with the Liberal and Center Parties, came together to form a minority government. The agreement they created is called the “January Agreement”, which includes a proposition to no longer allow new religious schools in Sweden. It has gone so far as Social Democratic ministers, including the current Minister of Education has stated that they are going to ban all religious schools, including pre-existing schools.

The call for a ban on religious schools is based on a claim that they carry out religious oppression and are bad for the integration of the students, but this claim has no current factual basis. A commissioner is currently examining “confessional elements in the educational system”.  The goal of this report is to “propose a definition of ‘confessional elements’, examine international conventions related to confessional elements in education, and analyze the advantages and disadvantages of confessional elements to determine whether there is a need for specific requirements for owners of religious schools”. The report is due to the government by May 31, but government officials seem to have already made up their minds on banning religious schools before the report has been reviewed and without any factual reasoning. Swedish citizens are calling for their government to pause and wait for the commissioner’s report before making a final decision.

This situation is critical; if this finally happens it can bring a country that has been respectful with religious minorities and freedom of education to ban some of the fundamental freedoms. We will keep you informed.

 

Natalia Baigorri

Education, Family and Migration

Nowadays, migration is mainly thought of in individualistic terms, as an experience that affects isolated individuals. In reality, one of the most dramatic spheres of migration is the family dimension, as mentioned by the Archbishop I. Jurkovič, Permanent Observer of the Holy See to the UN, during the event «Family and Migration» in occasion of the 39th Session of the UN Human Rights Council.

Migrants are fathers, mothers, sons, daughters, nephews, fiancés and much more; nevertheless the central position of families within the debates about migration is often overshadowed. Family policies and migration policies are too often kept separated, even though these two realities are deeply intertwined. Giving this connection the space it deserves means defending migrants’ right to family life and family unity, which is one of the best ways to ensure the respect of their dignity as human beings whose life is enriched with personal relationships.

The current refugee crisis is multi-layered and presents several difficulties, however it is specifically in connection with one of its challenges that education comes into play and can help in the achievement of long lasting results.

As Maria Mercedes Rossi, representative of APG23, pointed out during her intervention, politicians and other public figures often promote a distortive narrative on migrants, endorsing a misleading image that needs to be opposed by all means. Sure enough, educating the population and most of all young generations to the values of tolerance and inclusion is a fundamental step to achieve the harmonious integration of migrant families within their hosting communities. As it was mentioned during the conference, a toxic narrative produces false perceptions that can result into harmful attitudes such as racism, xenophobia and discrimination. It is therefore fundamental to educate children and young people to the meaning of diversity, making them understand the value of a heterogeneous society. The school system has a demanding but worthwhile duty, i.e. to give the right inputs to students, in order to encourage positive perceptions and attitudes.

Many of the speakers mentioned Pope Francis’ four leading verbs that guided the drafting of the 20 Action Points for the Global Compact on Migrants and Refugees: to Welcome, to Protect, to Promote and to Integrate. The last two acquire special relevance when it comes to education. “To Promote” recalls that the main goal of all interventions must be the integral human development of migrants and of their welcoming communities, and education has the power to boost such flourishing. “To Integrate” recollects all the reciprocal processes that involve migrants and hosting communities, fostering dialogue among different cultures. Schools as well as families are the primary actors in such processes of integration.

To conclude, another intervention highlighted the role of education in promoting a culture of respect and acceptance towards migrants. Nowadays, the word «migrant» is merely used with reference to those who arrived recently, in the last few years or maybe months, and who are treated with suspicion and mistrust because of their frequent lack of documents, fixed accommodation or occupation. And yet, some migrants have been living in their hosting communities and serving them for many years, but this is often forgotten.

They are the proof that, with the right assistance and support, everyone can contribute to the flourishing of the society. This is why it is important to defend migrant’s right to family life and family unity, because if properly guided and welcomed in favourable conditions, they can fully integrate into the hosting communities, generating a value that only diversity is able to provide.

 

Cecilia Litta Modignani

Interactive dialogue with the Special Rapporteur on Indigenous Peoples – OIDEL OS:

Last Wednesday, 19 of September OIDEL participated in the Interactive dialogue with the Special Rapporteur on Indigenous Peoples. You can find the report of the special report in the following link. Here you have the oral declaration of OIDEL to recall the importance of education as a cultural right to guarantee the rights of indigenous people.

“Thank you, Mr. vice-president,

First of all, we want to thank and support the special rapporteur Ms. Victoria Tauli-Corpuz for her report. OIDEL considers that this compilation of complaints and violations against human rights is necessary to start improving the situation of indigenous peoples.

One right we miss among the human rights violations compilation against indigenous peoples is the right to education. Article 5 of the Universal Declaration on Cultural Diversity says, “All persons are entitled to quality education and training that fully respect their cultural identity ». Inclusion in education is a matter of quality and respect of identities, and thus inclusion of all members of the political community, including all the identities such as national minorities or indigenous peoples.

Emmanuel Kant said that “Man can become Man only through education”. Indeed, when we talk about education, we are in the field of the right of “Being”, in the field of identity, and not only in the field of the right “to possess” cultural rights. That is why Faure (1972) and Delors (1996) insist on education as “learning to be”.

Article 14 of the Declaration of Indigenous peoples states that “Indigenous peoples have the right to establish and control their educational systems and institutions providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning”. The holistic vision of the right to education is essential for indigenous peoples as it guarantees their right “to be” and the right “to be” of their children. I am afraid that many violations against the right of indigenous peoples to establish and control their educational institutions are taking place. This right is essential in order to guarantee that their culture, traditions and language are respected and learned. I would like to ask the special rapporteur to take into consideration this dimension and maybe consider it for the next report.”

 

Ignasi Grau

Informe de la OCDE sobre la elección de escuelas y el cheque escolar

En 2017, la OCDE realizó un informe que se publicó este año sobre la implementación del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, en relación con las afectaciones que ello puede tener en la innovación, la competitividad, el respeto a la diversidad cultural, la discriminación, y la segregación social.

La OCDE considera que es posible llegar a un equilibrio, siempre que se provea un marco legal adecuado, en el que se establezcan las condiciones de la política pública sobre elección de escuelas y libertad de enseñanza, el cual se dirija a mejorar la calidad de la educación, en el contexto de una sociedad plural.

Según el informe, una cuestión que debe replantearse para abordar este tema, es el redefinir los conceptos de “público” y “privado” en la educación, ya que generalmente se entiende que la creación de escuelas no gubernamentales lleva a la privatización o comercialización de la educación. Sin embargo, esto no siempre es cierto, pues las escuelas privadas pueden tener una estructura legal privada, pero cumpliendo una misión y función pública. Incluso, el replanteamiento de este esquema, invita a las escuelas privadas a que tengan una mejor capacidad para ofrecer una educación de calidad.

Respecto a este tema, el informe indica que la existencia de escuelas no gubernamentales, no es lo que realmente impacta en la adquisición de competencias académicas o en la segregación social. El estudio comparado de distintos casos de países, demuestra que el enfoque debe dirigirse al marco y arreglos institucionales que determinan las elecciones de los padres, como por ejemplo, la accesibilidad, incluido a nivel económico.

En relación al financiamiento de la educación, la OCDE sostiene que hay distintos modelos en los que los Estados han decidido otorgar recursos a escuelas no gubernamentales. En algunos casos se utiliza el cheque escolar (vouchers systems), deducciones fiscales, e incluso el otorgamiento directo de recursos económicos. Según las comparaciones, el financiamiento público de escuelas no gubernamentales, ha ayudado a la integración de estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos, ya que permite un acceso más amplio de diferentes sectores de la población, tal como se muestra en los casos de Bélgica, Holanda y Dinamarca.

Por lo tanto, no se puede afirmar que la libertad de los padres, per se, de elegir la educación de sus hijos, disminuya la calidad de la misma, ni lleve necesariamente a la privatización o comercialización de la educación. Todo depende del marco regulatorio que se diseñe, de que las opciones para los padres sean reales y relevantes, que las escuelas gubernamentales cuenten con la debida autonomía y recursos para contribuir a una misión de utilidad pública, y se mitiguen las causas que provoquen segregación social y discriminación.

Gabriela Garcia

Se puede consultar el artículo en: http://www.oecd.org/education/School-choice-and-school-vouchers-an-OECD-perspective.pdf.

Una resolución del Parlamento Europeo reconoce la importancia de la financiación pública de las escuelas no gubernamentales:

El pasado 12 de junio el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre la modernización de la educación en la Unión. El objeto de esta resolución ha sido señalar los puntos en que la Comisión debería apoyar a los estados en las reformas educativas para hacer frente a los nuevos desafíos educativos de una Unión en continuo cambio. El texto fue presentado por la Sra. Krytiyna Lybacka del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Hay que destacar que a pesar de la importancia que la resolución otorga a la flexibilidad del sistema educativo para adaptarse a un mercado cambiante, no olvida que el derecho en primer lugar es un derecho dirigido al desarrollo de la persona. En este sentido destaca que “el derecho a la educación incluye la libertad de establecer centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

Un punto a destacar de esta resolución es el punto 76 relativo a la importancia de la financiación pública tanto a escuelas públicas, como no-gubernamentales en un marco de inclusividad y respeto a la libertad de elección. El punto 76 dicta  “en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro, a condición de que el plan de estudio que se ofrezca se base en los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sea conforme a los ordenamientos jurídicos y normas y disposiciones en materia de calidad de la educación y sobre el uso de estos fondos en vigor en el Estado miembro de que se trate”.

El Parlamento Europeo con el objetivo de hacer frente a los nuevos desafíos sigue confiando en un enfoque de derechos humanos, en la sociedad civil y los padres, destacando incluso la importancia de la financiación pública a aquellas escuelas que no son del estado.

Para ver la resolución completa aquí.

 

Ignasi Grau

 

Escuela única, escuela para todos: dos conceptos equívocos

Comenzamos un nuevo curso académico. Los patios y las aulas se llenan del alegre jolgorio de los alumnos  y de las aprehensiones de los profesores. Voy a comenzar  mis reflexiones de este nuevo curso hablando de  dos conceptos equívocos:

  1. La “escuela para todos”. Este término se utiliza para definir la escuela laica. Esta laicidad, que debería significar respeto y aceptación de las diferencias, se reduce cada vez más a la neutralidad, es decir a una forma de “privatización” de las convicciones personales, se supone que las convicciones y las religiones no entran en la escuela. Además de la naturaleza profundamente ilusoria de este enfoque, esta laicidad se opone al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas o filosóficas reconocido por las normas internacionales y europeas.
  2. La “escuela única”. Considerada como la panacea de la cohesión social. En realidad, la escuela única conduce a una sociedad a dos velocidades o dos niveles obligando a algunos ciudadanos a financiar doblemente la educación de sus hijos. La escuela alternativa, la elección de otra escuela, está reservada a una élite financiera, situación aún más paradójica, si se piensa que las situaciones socio económicas frágiles son factores que aumentan el riesgo de fracaso escolar. En última instancia, se podría decir que el sistema de “elección para familias ricas” equivale a ofrecerles un antídoto contra el fracaso académico, y a negarlo a las familias desfavorecidas. ¿Cómo podemos hablar de justicia y de una escuela pública que garantice la cohesión social?.

Alfred Fernandez