Experiencia ciudadana en Colombia por el Pluralismo Educativo

Con motivo de las elecciones parlamentarias en Colombia, un grupo de ciudadanos, a título personal y como representantes de distintas organizaciones sociales, lideró una iniciativa para poner el Pluralismo Educativo -la Libertad de Educar en Colombia- como uno de los temas claves en la opinión pública y generar consensos sobre su alto valor en una democracia.

Por esta razón, un Comité de líderes, de los cuales algunos hacen parte de OIDEL, preparó un documento que permitiera a los candidatos de los diversos partidos políticos, que así lo desearan, manifestar su apoyo a esta libertad fundamental y que esta se constituyera en uno de los factores para ilustrar al votante para tomar su decisión en las urnas. Fue en el país una primera experiencia de este tipo, circunscrita específicamente al pluralismo educativo, la cual deja valiosos aprendizajes y constituye un precedente interesante que se seguirá robusteciendo en posteriores elecciones y contribuirá en diversos espacios de deliberación cívica y política.

Así nació el texto del “Compromiso por el pleno desarrollo del Derecho a la Educación, la Libertad para Educar, la Autonomía Escolar y el Pluralismo Educativo en Colombia”, que fue firmado por varios candidatos de diferentes partidos y movimientos políticos. Un documento de una sola página que, además de fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, busca comprometer a los Senadores y Representantes a la Cámara, para defender, potenciar y desarrollar legalmente la Constitución Política de Colombia -acorde a las más exitosas experiencias internacionales- para que todos los padres de familia gocen efectivamente del derecho a “escoger el tipo de educación para sus hijos menores” y el Estado garantice en la práctica “las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”, definidas en la Carta Magna de este país latinoamericano y enunciadas en su legislación nacional.

Como algunos recordarán, el tema del derecho de los padres a educar a sus hijos se hizo mucho más visible en Colombia desde el año 2016, cuando unas directrices de la Ministra de Educación del Gobierno de ese entonces afectaba directamente la libertad de las familias y la autonomía escolar de las instituciones educativas. Disposiciones gubernamentales que ocasionaron como respuesta unas exitosas y masivas marchas ciudadanas sin precedentes, que causaron el freno de esas iniciativas estatales, así como la posterior renuncia de la Ministra. Por lo tanto, en Colombia se declaró el 10 de Agosto como el Día Nacional de la Libertad para Educar y se conmemora cada año con múltiples iniciativas ciudadanas.

La Red Familia Colombia, el Comité 10A, el Movimiento Nacional por la Familia, el Foro Nacional de la Familia y la Red Un Paso al Frente continuarán generando reflexión en Colombia e impulsando el objetivo de lograr la garantía plena del derecho a la educación y la libertad para educar en Colombia.

Álvaro José Cifuentes

REIMAGINAR JUNTOS NUESTROS FUTUROS: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA EDUCACIÓN

Tras dos años de trabajo y una participación de más de un millón de personas –niños, jóvenes y adultos-, la Comisión Internacional creada por la UNESCO en 2019 y liderada por la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, saca a la luz el nuevo informe mundial sobre los futuros de la educación: Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación. Con él trata de catalizar un debate mundial que pide una transformación sustancial de la educación, a fin de reparar injusticias pasadas y colaborar en pro de un futuro pacífico, justo y sostenible.

Invitándonos a reflexionar en torno a las preguntas ¿qué debemos seguir haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? Y ¿qué deberíamos reinventar? propone, a través de millones de actos individuales y colectivos, cambiar juntos de rumbo y transformar el ámbito educativo de cara al 2050 en adelante.

La educación ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en la transformación de las sociedades humanas. En el contexto actual, en el que el mundo atraviesa un momento crítico de graves amenazas para el futuro de la humanidad y del planeta, urge reinventar la educación para que nos ayude a afrontar los retos comunes. En este sentido, cabe interpretar la educación en términos de un contrato social, un acuerdo implícito entre los miembros de la sociedad para colaborar en pro del bien común: el punto de partida es una visión compartida de los fines públicos de la educación.

Si durante el siglo XX las políticas educativas estuvieron más bien orientadas a apoyar el sentido de pertenencia a una nación y los esfuerzos de desarrollo, el nuevo contrato social para la educación debe unirnos en torno a un empeño colectivo de superar los desafíos concretos a los que nos enfrentamos: profundas desigualdades; retroceso democrático; cambio climático; rápidas transformaciones no siempre orientadas a la equidad, la inclusión o la participación democrática; creación de trabajo decente centrado en el ser humano; entre otros. En este sentido, según el informe, hemos de replantearnos las formas de aprendizaje y el concepto de escuela, desde la arquitectura, los espacios y el uso del tiempo, a los calendarios, metodologías o planes de estudio.

El nuevo contrato social para la educación ha de garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, abarcando el derecho a la información, a la cultura y a la ciencia, el derecho a acceder y contribuir al patrimonio común de conocimientos colectivos de la humanidad. Es necesario afianzar la educación como esfuerzo público y bien común. Las tradiciones culturales pueden servir de cimiento y contamos, además, con una gran capacidad de acción colectiva, inteligencia y creatividad.

Ante las propuestas concretas de organizar la pedagogía en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad, no de la realización individual; fomentar un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario y conectar los lugares naturales, físicos y virtuales de aprendizaje, aprovechando al máximo las mejores características de cada uno de ellos, el nuevo contrato social para la educación hace  un llamamiento a todos: a la investigación y la innovación, a las universidades e instituciones de educación superior, a la solidaridad mundial y la cooperación internacional. Es mucho lo que está en juego.

Mayca San Andrés

Resumen – Informe UNESCO de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2

Los actores no estatales en la educación: ¿Quién elige? ¿Quién pierde?

Creado en 2002, el “Informe Resumen – Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo” es un informe con independencia editorial, albergado y publicado por la UNESCO. Este año el informe se focaliza en la Educación no-estatal y no da unos mensajes clave que permite una mejor comprensión del papel de los actores no estatales. Aquí te adjuntamos 10 ideas clave:

  • En todos los sectores y partes de la educación hay actores no gubernamentales implicados, y es difícil hacer una distinción nítida. Asimismo, el informe advierte que es imposible distinguir nítidamente el alcance de la “privatización”.
  • La mayoría de la ciudadanía apoya la educación pública. La naturaleza y el arraigo de las escuelas no gubernamentales es muy diverso de un país a otro. Normalmente, cuanta más desigualdad hay en un país, más apoyo hay a la escuela pública.
  • El apoyo a la educación pública se ha erosionado en países de renta baja y media. En parte debido a que el crecimiento de la educación privada ha sido una constante en los últimos diez años. El informe señala, igualmente, que el fenómeno de la privatización es un síntoma, no una causa, de la percepción de muchos padres sobre la mala calidad de ciertas escuelas públicas.
  • La educación pública no es gratuita. Esta falta de gratuidad puede deberse a cuotas suplementarias, a los costes de los libros, a una formación que a veces hay que completar con cursos adicionales. El informe advierte que los estados se deben de focalizar en que la educación sea gratuita de los 4 a los 18. Se explicita en este punto que la financiación pública para garantizar la gratuidad no debe implicar provisión estatal siempre y cuando la equidad sea garantizada, y señala Finlandia y Holanda como buenas prácticas.
  • La educación pública a menudo no es inclusiva. Esto se debe a la sectorización por barrios y por la inversión desigual a estas escuelas. Asimismo, en relación a los niños con desventajas de distintas naturalezas, el informe advierte que se deben invertir fondos extras.
  • La educación privada no sirve mejor a los pobres, y no garantiza una educación de mejor calidad. Según este informe, los principales argumentos a favor de la educación no gubernamental se sustentan en la necesidad de completar las lagunas del estado, o en la necesidad de que ciertos grupos tengan una educación adaptada a sus creencias y principios.
  • Los marcos regulatorios, de rendición de cuentas y control suelen ser escasos en los sitios donde más se requieren. En este sentido, advierte que la regulación no siempre permite solucionar los problemas, y que los actores más poderosos saben cómo saltarse estas normas.
  • Los actores no estatales son especialmente presentes en las actividades de guardería y en las formaciones de preparación a trabajos específicos (job-specific) y formaciones no relativas al mundo laboral. El informe se muestra especialmente preocupado por el alto crecimiento en el crecimiento en la formación fuera de la escuela con profesores y tutores privados. Este hecho puede provocar nuevas desigualdades educativas.
  • Los gobiernos deben concebir todas las instituciones educativas, estudiantes y profesores como parte de un mismo sistema. El informe señala que escuelas no gubernamentales, así como los padres, deben verse como aliados y no como enemigos. En este sentido, el estado debe establecer criterios de calidad iguales para los actores estatales y no estatales.

Ignasi Grau

New report of the Special Rapporteur on the right to education on migrants

The Special Rapporteur on the right to education, Koumbou Boly Barry, identifies two key statements in the latest report on migrants’ right to education as a cultural right: the challenges that migrants face when exercising their rights, and the important link between education and culture.

            Firstly, migrants face endless challenges when exercising their right to education. This has affected migrants, minorities and the marginalised population because they do not have the resources to access quality education, which also conditions their identity as migrants. In order to avoid an increase of inequalities and promote more inclusive education, Dr. Boly Barry suggests following the 4As: availability, acceptability, accessibility and adaptability.

            The last two As are the most prominent in this report because it aims to make education more accessible and adaptable for migrants to enjoy their rights. The link between culture and education is crucial to understanding how one works for the other and vice-versa. It is their cultural right to obtain access to quality education since they both foster knowledge and development in the long run.

            The universality of these two rights emphasize the goal to «ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” (fourth Sustainable Development Goal of the United Nations), including migrants.

Fernanda Barrio

To obtain more information about the report, access the following link: https://undocs.org/A/HRC/47/32

Reimaginar Juntos Nuestros Futuros: Un nuevo contrato social para la educación

La UNESCO acaba de publicar titulado “Reimaginar Juntos Nuestros Futuros: Un nuevo contrato social para la educación”. Este informe se ha realizado por una Comisión liderada por la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, que ha recogido más de un millón de contribuciones en su proceso de consulta global. En él, se aboga por una transformación mayoritaria del panorama educativo que ayude a reparar las injusticias históricas y mejore la colaboración por un futuro justo y sostenible. Con ello, la UNESCO espera iniciar una conversación global con el propósito de forjar un nuevo contrato social entre los miembros de las sociedades de todo el mundo. El informe de la ONU «Un nuevo contrato social para la educación» tiene como objetivo reconocer el progreso y los nuevos desafíos que conciernen a la educación en su proceso de dar forma a futuros pacíficos, justos y sostenibles.

La primera parte del documento muestra dónde estamos y de dónde venimos. En 1945, cuando al mundo lo poblaban 2400 millones de personas, el 45% de las mismas había asistido a la escuela. En 2020 la población mundial alcanzaba 8 mil millones, de las cuales el 90% pudo asistir a primaria, el 85% a secundaria básica y el 65% a formación secundaria superior. No obstante, y aunque los datos reflejan clara mejoría, el mundo parece estar en un punto de inflexión en el que la creciente desigualdad social y económica sumada al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el retroceso democrático, la automatización tecnológica disruptiva, la pobreza persistente, la violencia o el uso de los recursos naturales excediendo los límites planetarios señalan una actual coyuntura histórica negativa. Asimismo, la expansión de la educación es incompleta e inequitativa.

Exceder los límites planetarios en términos de producción, consumo y desperdicio de materiales son algunos de los problemas que contribuyen al cambio climático. Este provoca desplazamientos que dificultan el acceso a la educación. Asimismo, el cambio climático aumenta la desigualdad de género entre los más pobres. Por otro lado, las personas más educadas del mundo son las más contribuyentes a la degradación planetaria. Por ello, se necesita crear un enfoque renovado y efectivo que permite que los estudiantes desarrollen la capacidad de adaptación con el objetivo de mitigar el cambio climático. De igual modo, se debe trabajar por reducir la brecha digital, crucial en el acceso a la educación.

El retroceso democrático y la creciente polarización también deben abordarse. Las disrupciones del discurso cívico y las crecientes violaciones a la libertad de expresión tienen consecuencias importantes para la educación. Los factores incluyen desde el surgimiento de líderes populistas y el crecimiento del nacionalismo, hasta el poder de las redes sociales con su capacidad en tiempo real para difundir noticias intencionalmente engañosas, cuyos datos están manipulados, o son directamente falsas. El lado positivo es que hay una movilización ciudadana cada vez más activa que exige derechos democráticos y respeto por el estado de derecho, que debe ser reflejada en los futuros planes educativos.

Para abordar los problemas, el informe invita al mundo a convertir la educación en un contrato social basado en el bien común. Espera unificar en torno a problemas colectivos además de proporcionar el conocimiento y la innovación necesarios para brindar justicia social, económica y ambiental, ya que considera que las decisiones que se tomen hoy determinarán el futuro compartido. Entiende que la pedagogía debe basarse en la cooperación y la solidaridad, desarrollando las capacidades de estudiantes y profesores para trabajar en colaboración para transformar el mundo. Juntos, profesores y estudiantes deben formar una comunidad de buscadores y constructores de conocimiento. Una pedagogía basada en la solidaridad debe reconocer y corregir las exclusiones sistemáticas impuestas por el racismo, el sexismo, el colonialismo y los regímenes autoritarios en todo el mundo. Los principios básicos de interconexión e interdependencias; la cooperación y la colaboración se deben enseñar y practicar en todos los niveles y edades. La solidaridad, compasión, ética y empatía deben arraigarse en el proceso de aprendizaje. La evaluación debe ir en consonancia con estos principios de una manera significativa para el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes.

En este nuevo contrato social para la educación, los planes educativos deben surgir de la riqueza del conocimiento común y abarcar el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario para que los estudiantes accedan y produzcan conocimiento mientras desarrollan su capacidad crítica. Los planes de estudio deben enseñar cómo estamos interconectados con un planeta vivo y dañado. Aprender a sentir empatía, cooperar, abordar los prejuicios y sortear los conflictos es valioso para todas las sociedades. El nuevo contrato social debería apuntar a ampliar la alfabetización y crear futuros plurilingües ya que la diversidad lingüística es una característica clave del conocimiento compartido de la humanidad. Además, se deben enriquecer las matemáticas, aprender de las humanidades, desarrollar la imaginación a través de la educación artística y cultivar la investigación y la comprensión científica mientras se aplican esas habilidades al mundo digital. Los planes de estudio deben fomentar la capacidad de discernimiento y la investigación de una verdad compleja. Por último, la educación debe fomentar los derechos humanos, la ciudadanía activa y la participación democrática. Los planes de estudio de este nuevo contrato social deberían, por lo tanto, mejorar las habilidades de los estudiantes para acceder a los conocimientos comunes y contribuir a ellos; reorientar el lugar de los seres humanos en el mundo hacia la solución de la crisis ecológica; contrarrestar la difusión de información errónea a través de alfabetizaciones científicas, digitales y humanísticas; y fomentar los derechos humanos y la participación democrática como pilares fundamentales del aprendizaje que transforma a las personas y al mundo.

Los docentes son un eje fundamental y su profesión debe revalorizarse y reinventarse a través de un esfuerzo colectivo para generar nuevos conocimientos y lograr una transformación educativa y social. La enseñanza exige compasión, competencia, conocimiento y determinación ética. Los talentos y habilidades individuales de los maestros deben reforzarse mediante la colaboración y el apoyo. No sería posible reinventar los planes de estudio sin la presencia de profesores en la toma de decisiones. Desgraciadamente, éstos siguen siendo poco reconocidos, subestimados, mal pagados e inadecuadamente apoyados. El desarrollo docente es un continuo rico y dinámico de aprendizaje y experiencias que duran toda la vida. El nuevo contrato social debe proveer la colaboración eficaz y el trabajo en equipo como características del trabajo de los docentes; la producción de conocimiento, reflexión e investigación como parte integral de la enseñanza; el apoyo a la autonomía y libertad de los docentes; y permitir la participación de los docentes en el debate público y el diálogo sobre el futuro de la educación.

Las escuelas deben considerarse lugares educativos protegidos debido a la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo que proporcionan, y deben reinventarse para promover mejor la transformación del mundo hacia un futuro justo, equitativo y sostenible. Las escuelas tienen un papel insustituible que implica ser componentes centrales de ecosistemas educativos más amplios. Fomentan las relaciones sociales, estimulan las interacciones humanas, los diálogos y el intercambio. Sin embargo, es necesario transformarlos para asegurar que no sirvan para afianzar las desigualdades o ampliar las disparidades, sino que sean plataformas para la cooperación, el cuidado y el desarrollo. Por estas razones, la UNESCO enfatiza la necesidad de proteger las escuelas como espacios donde los estudiantes encuentran desafíos y posibilidades que no están disponibles para ellos en otros lugares. Se debe rediseñar las escuelas basando sus valores en los derechos humanos y la capacidad colectiva de las sociedades para que sirvan como ejemplo de neutralidad de carbono y sostenibilidad.

El nuevo contrato social por la educación debe ampliar las oportunidades educativas que se desarrollan a lo largo de la vida y en los diferentes espacios culturales y sociales. Al hacerlo, los estados tienen la responsabilidad de garantizar que los sistemas educativos se financien de manera adecuada y equitativa. Las decisiones sobre tecnologías digitales deben tomarse en la esfera pública y guiarse por el bien común. La mejor estrategia para hacerlo es garantizar la democratización del espacio cibernético dentro de una sólida esfera pública. Además, la educación debe apoyar el derecho a participar en la vida cultural proporcionando acceso a los recursos culturales que dan forma a las identidades y amplían las cosmovisiones. Los objetivos por lograr incluyen oportunidades educativas de calidad en todo momento de la vida; ecosistemas educativos saludables que conecten sitios de aprendizaje naturales, construidos y virtuales; asegurar la capacidad del gobierno para el financiamiento público y la regulación de la educación; y ampliar el derecho a la educación para incluir aspectos como la información, la cultura y la ciencia.

Para catalizar un nuevo contrato social para la educación, la Comisión pide una agenda de investigación colaborativa a nivel mundial basada en el derecho a la educación a lo largo de la vida y que agradezca las contribuciones de asociaciones, educadores, instituciones y una diversidad de culturas. La investigación y la innovación deben fortalecer las capacidades de prospectiva futura y alfabetización. La Comisión pide una agenda de investigación colectiva mundial, sobre el futuro de la educación. El conocimiento, los datos y la evidencia que se produzca para el futuro de la educación deben incluir diversas fuentes y tipos de conocimiento. La innovación educativa debe reflejar una amplia gama de posibilidades en diversos contextos y lugares.

La UNESCO también pide un compromiso renovado con la colaboración global en apoyo de la educación como un bien común, que se base en una cooperación justa y equitativa entre actores estatales y no estatales en todos los niveles (local, nacional e internacional). Las instituciones mundiales deberían desempeñar un papel único en orientar nuestra atención hacia los desafíos a largo plazo. Los objetivos para el diálogo y la acción incluyen un llamado a todos los actores de la educación a trabajar juntos a nivel global y regional para generar propósitos compartidos y soluciones comunes a los desafíos educativos; Asegurar una cooperación internacional que opere bajo subvención, apoyando y desarrollando las capacidades locales, nacionales y regionales para abordar los desafíos. Además, se necesita un enfoque en la financiación del desarrollo internacional para los países de ingresos bajos y medianos bajos, así como inversiones comunes en ensayos, datos y conocimientos como eje transversal de una cooperación internacional eficaz.

La Comisión confía en cambiar de rumbo a través de millones de actos individuales y colectivos de valentía, liderazgo, resistencia, creatividad y protección. Además, serán de especial importancia los roles de docentes, universidades e instituciones de educación superior, gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, juventud, niños, investigadores, padres y líderes culturales y religiosos.

Sara Castillo

Enlace al informe en castellano: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa

UNESCO’S REPORT: Reimagining our future together:  A new social contract for education

UNESCO recently published a report, which accounted for over a million submissions in its global consultation process. In it, they call for a major transformation of the educational landscape that repairs past injustices and enhances the capacity to act together for a just and sustainable future. It hopes to start a global conversation to forge a new contract between all members of societies around the world. The UNESCO’s report “A new social contract for education” aims to recognize the progress and new challenges that the education landscape is concerned with in the process of shaping peaceful, just, and sustainable futures.

In 1945 with a population of 2.4 billion, 45% had attended school. In 2020 with a population of 8billion, 90% had attended primary, 85% lower secondary and 65% upper secondary. However, the world seems to be at a turning point in which there is widening social and economic inequality, climate change, biodiversity loss, resource use that exceeds planetary boundaries, democratic backsliding, disruptive technological automation, persistent poverty, rising inequality and violence are the hallmarks of our current historical juncture. Education expansion is incomplete and inequitable.

Other issues include exceeding planetary boundaries in terms of material production, consumption, and waste. Climate change can force displacements which can hinder access to education. Moreover, climate change is evidenced to increase gender inequality among the poorest. Additionally, the world’s most educated people are the most accelerating of climate change. For this reason, we need renewed and effective approaches to help students develop the capabilities to adapt and mitigate climate change. A focus on reducing the digital divide is also crucial in considering access to education.

Democratic backsliding and growing polarization are issues that need to be addressed. The breakdowns in civic discourse and growing infringements on the freedom of expression all have great consequences for education. Factors involved range from the rise of populist leaders and the growth of nativism manifesting as nationalism, to the power of social media with its capacity in real-time to disseminate intentionally misleading «fake news» and the manipulation of data. On a positive note, there is increasingly active citizenship mobilization that demands democratic rights and respect for the law which should filter through to future curricula.

To address the issues, the report invites the world to perceive education as a public and common good that needs based on a social contract that needs to be renewed. It hopes to unite around collective issues and provide the knowledge and innovation needed to provide social, economic, and environmental justice as it believes that the choices made today will determine the shared future. Pedagogy should be rooted in cooperation and solidarity, building the capacities of students and teachers to work together in trust to transform the world. Together, teachers and students need to form a community of knowledge-seekers and builders. Pedagogies of solidarity should recognize and redress the systematic exclusions and erasures imposed by racism, sexism, colonialism, and authoritarian regimes around the world. Basic principles are interconnectedness and interdependencies; cooperation and collaboration taught and practiced across levels and ages; solidarity, compassion, ethics, and empathy ingrained in the learning process; and assessment aligned with the aims in a meaningful way for students’ growth and learning

In the new social contract for education, curricula should grow out of the wealth of common knowledge and embrace ecological, intercultural, and interdisciplinary learning that helps students access and produce knowledge while building their capacity to critique and apply it. Curricula must enable re-learning how we are interconnected with a living, damaged planet. The capacity to live in harmony with what is needed for mutual existence can be learned through education. Learning how to empathize, cooperate, address prejudice and bias and navigate conflict are valuable in every society. The new social contract should aim at broadening literacies and creating plurilingual futures because linguistic diversity is a key feature of humanity’s shared knowledge. Moreover, we should enrich numeracy, learn from the humanities, build imagination through arts education, and cultivate scientific inquiry and understanding while applying those skills in the digital world. Curricula must foster capacities for discernment and the sincere investigation of truth that is complex and nuanced. Lastly, education should foster human rights, active citizenship, and democratic participation. The curricula of this new social contract should, therefore, enhance learner’s abilities to access and contribute to the knowledge commons; reorient the place of humans in the world towards solving the ecological crisis; counter the spread of misinformation through scientific, digital, and humanistic literacies; and foster human rights and democratic participation as key building blocks for learning that transform people and the world.

Teachers must be at the center and their profession revalued and reimagined as a collective endeavor to spark new knowledge to bring about educational and social transformation. Teaching demands compassion, competence, knowledge, and ethical resolve. The individual talents and abilities of teachers need to be bolstered by collaboration and support. There can be no reimagination of curricula without the presence of teachers. Teachers, however, remain under-recognized, underappreciated, underpaid, and inadequately supported. Teacher development is a rich and dynamic continuum of learning and experiences that are life-long. Principles should provide for effective collaboration and teamwork as characteristics of the work of teachers; production of knowledge, reflection, and research as integral to teaching; support for the autonomy and freedom of teachers; and enable the participation of teachers in public debate and dialogue on the futures of education

Schools should be protected educational sites because of the inclusion, equity, and individual and collective well-being they support – and reimagined to better promote the transformation of the world towards more just, equitable and sustainable futures. Schools have an irreplaceable role that involves being central components of larger educational ecosystems. They foster social relations, stimulate human interactions, dialogues, and exchange. However, some necessary transformations need to undergo so that they do not serve to entrench inequalities or widen disparities but are platforms for cooperation, care, and change.  For these reasons, the Commission emphasizes the need to protect schools as spaces where students encounter challenges and possibilities not available to them elsewhere; redesign schools guided by a building collective capacity, and model the future by ensuring human rights are accounted for and schools become exemplars of sustainability and carbon neutrality.

The new social contract for education should enjoy and expand enriching educational opportunities that take place throughout life and in different cultural and social spaces. In doing so, states have a key responsibility for ensuring that educational systems are adequately and equitably financed. Decisions about digital technologies should be made in the public sphere and guided by the common good. The best strategy to do so is to ensure democratization of the cyberspace within a robust public sphere. Additionally, education should support the right to participate in cultural life by providing access to cultural resources that shape identities and expand worldviews. The principles to keep in mind include meaningful and quality educational opportunities at all times of life; healthy educational ecosystems that connect natural, build and virtual sites of learning; ensuring government capacity for the public financing and regulation of education; and broadening the right to education to include aspects such as to the information, culture, and science.

To catalyze a new social contract for education, the Commission calls for a worldwide, collaborative research agenda grounded in the right to education throughout life, and welcoming contributions from grassroots associations, educators, institutions, sectors, and a diversity of cultures. Research and innovation must strengthen the capacities of foresight and future literacy.  The Commission calls for a generalized, worldwide, collective research agenda on the futures of education. The knowledge, data, and evidence that is produced for the future of education must be inclusive of diverse sources and types of knowledge. Educational innovation must reflect a wide range of possibilities across diverse contexts and places.

The Commission also calls for a renewed commitment to global collaboration in support of education as a common good, premised on more just and equitable cooperation among state and non-state actors at all levels (local, national and international). Global institutions should play a unique role in orienting our attention to longer-term challenges. Principles for dialogue and action include a call on all educational stakeholders to work together at global and regional levels to generate shared purposes and common solutions to educational challenges; ensure international cooperation that operates from a principle of subsidiarity, supporting and building capacity in local, national, and regional efforts to address challenges. Moreover, a focus on international development financing for low and lower-middle-income countries is needed, as well as common investments in evidence, data, and knowledge as an essential part of effective international cooperation.

The Commission believes that we will change course through millions of individual and collective acts of courage leadership, resistance, creativity, and care that gives special importance to the roles of teachers, universities and higher education institutions, governments, international and civil society organizations, youth, children, researchers, parents, cultural and religious leaders.

Sara Castillo

Link to the report: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707

¿Cómo pueden los gobiernos y los maestros trabajar juntos para hacer que la educación sea más equitativa, resiliente y centrada en los estudiantes?10 recomendaciones

En el marco de la Conferencia anual sobre el cambio climático de las Naciones Unidas del pasado noviembre de 2021, la OCDE celebró un webinar titulado «¿Cómo pueden los gobiernos y los maestros trabajar juntos para hacer que la educación sea más equitativa, resiliente y centrada en los estudiantes?».

En este evento, Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades de la OCDE, y Ottavia Brussino, Analista de la Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE, compartieron su punto de vista y los resultados de las recientes investigaciones de la OCDE en este campo. En este artículo os compartimos un resumen de las recomendaciones que OIDEL ha considerado más relevantes para la consecución de dichos objetivos:  

  1. Promover la inclusión ofreciendo educación de calidad y modificando el sistema para adecuarlo al alumno y no al revés; todo ello respetando la diversidad. La educación debería trabajar para adaptarse a las diferencias de los estudiantes.
  2. Desarrollar habilidades sociales y emocionales para el mejoramiento del entorno escolar, que también va de la mano con la satisfacción de los estudiantes y la calidad de la educación.
  3. Motivar la elaboración de mecanismos que habiliten un sistema que fomente creatividad y resiliencia: superación de habilidades cognitivas de los estudiantes.
  4. Permitir / fomentar la colaboración entre docentes, gobiernos y sociedad civil para que el sistema educativo sea más eficaz e inclusivo.
  5. Invertir en las políticas educativas para el mejoramiento del sistema, hacia una educación más equitativa, residente y centrada en los estudiantes. Pueden inhibir la transformación necesaria a largo plazo.
  6. Promover el aprendizaje inclusivo en el plan de estudios para el bienestar de todos los estudiantes y de los profesores.
  7. Adaptar el plan de estudios para que sea inclusivo y se adapte a la diversidad de perspectivas existentes en la sociedad
  8. Apoyar la pedagogía inclusiva para todos, incluidos los estudiantes con necesidades especiales.
  9. Participar en un diálogo activo con todos los estudiantes.
  10. Desarrollar procesos de admisión más inclusiva.

Fernanda Barrio

En este link podrás ver el seminario completo: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=external&v=270328595101714

Zan bill: New threats against educational pluralism in Italy

In Italy, we have been discussing for months the so-called “ZAN bill”, which aims to fight discrimination and violence based on sex, gender, sexual orientation, gender identity and disability, and could be approved in the coming weeks. In a note In the run-up to World Pride 2021 this bill has received the approval of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Dunja Mijatovic.

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Despite the declared good intentions of this law proposal, this has been received with a lot of suspicions by an important sector of the civil society and some Italian jurists- including Flik, Ronco, Vari and Gambino-  have pointed some serious inconsistencies,

Some of the controversies of the law concern the vagueness and ideological oriented terminology and the potential use of severe sanctions – such as compulsory re-education in LGBTIQ+ associations, wiretapping, passport withdrawal and up to 6 years of imprisonment – for the implementation of this law. In this regard, civil society members have warned that this law seriously jeopardizes the freedom of expression and thought of both individuals and associations. Furthermore, this law dangerously widens judicial discretion on legitimate opinions and encourages the practice of denunciation as a tool to oppose different thinking on many topics, from family to sexuality.

According to its supporters, the law should be approved because of a rising social emergency and a regulatory vacuum on LGBTIQ+ discrimination. Nevertheless, according to civil society organisations only a small percentage of the reports related to hate crimes filed in Italy in recent years are concerning sexual orientation, according to official data from Oscad, the Observatory of the Ministry of the Interior. Moreover, Italian law already sanctions all forms of offense and violence against any individual, with aggravating circumstances for offenses related to the victim’s sexual orientation.

One of the biggest concerns on the new law proposal concerns the limitation of freedom of thought and freedom in the field of education. This law would in fact seek to introduce in all public-run schools and private schools of all kinds and levels, compulsory activities on non-consensual subjects  – from transsexuality to bi-phobia  – that are based on the controversial concept of gender identity and  highly divisive and that can be frontally opposed with the worldview of many families and schools.

The restriction of freedom of thought would have negative effects in terms of:

  • Limitation to the educational freedom of parents (who in expressing opposition to certain teachings or activities could be considered «homophobic»),
  • Limitation to the freedom of teaching (teachers would be forced to participate in activities made compulsory even if they do not share the messages transmitted to students, and if they express opposing views to gender theory they could be accused of discrimination, with legal and professional consequences. This could be contrary to the freedom of teaching recognized in the Italian Constitution.
  • Serious impairment of minors’ education (as they would be deprived of an open and pluralistic environment and this would severely limit their ability to criticize and compare opinions).

Another critic of people opposed to this initiative is the narrow scope of this law. Because although the title of the law refers to handicapped people, the further development of the article only focuses on sexual orientation and gender identity, not justifying this narrow conception of discrimination.

The involvement of schools – children, adolescents and teachers – envisaged by the “ZAN Law” therefore clearly violates the division of competencies between school and family. This law breaks the consensus between the state, parents and children which enable a framework of trust for the upbringing of children.

Parents have recognized as a pillar for the education of the children. Article 30 of the Italian Constitution warns “It is the duty and right of parents to support, raise and educate their children, even if born out of wedlock”. Moreover, the article 26.3 of the Universal Declaration of Human Rights, the article 13.3 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Art. 14 of First Additional Protocol to the European Convention on Human Rights also recognize the role of parents as a cornerstone with rights of the realization of the right to education.

Public-run schools, in order to be truly open to all, must be a welcoming community and promote participation, respect and confrontation, in order to create an environment where we can understand the value of sharing and peaceful coexistence. In this regard, the introduction of mandatory holistic and comprehensive worldviews can alter the openness of this institution, as well as to exclude de facto the participation of different families and communities. Article 34 of the Italian Constitution warns that “Schools are open to everyone”, this new law could compromise the school – family alliance.

Schools cannot provide personalised courses for each student. Therefore, to guarantee the interest and dignity of each child, it must propose a balanced educational offer that meets the educational needs of all without excluding anyone, even indirectly. For this reason, for example, students must learn to respect fundamental human rights but must not be oriented towards one political party rather than another.

The promoters of this law point that this is motivated to prevent bullying linked to sexual orientations. Nevertheless, to the opponents of this law, there are more effective methods to achieve this goal than imposing non-consensual education. Indeed, fighting bullying certainly does not require the introduction of divisive and controversial teachings on sexuality, but rather teaching respect for all people because of their human dignity.

The European trends in this regard have reached other paths. In this regard, Resolution nr. 1904 of the Parliamentary Assembly of the European Parliament dated 4 October 2012 states that «In order to guarantee the fundamental right to education, every education system must ensure equal opportunities and provide high-quality education for all pupils, seeking to transmit not only the knowledge required to enable them to find employment and play a full part in society, but also the values nurturing the protection and promotion of fundamental rights, democratic citizenship and social cohesion». The Parliamentary Assembly, in the same Resolution, also stated that «It is on the basis of the right to education as explained above that the right to freedom of choice in education should be understood.» Therefore states must «respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions».

Chiara Iannarelli- President of “Articolo 26”, Italy

Thanks to the lawyer Daniela Bianchini, member of the Livatino Center for Legal Studies

“9 lessons we should retain of the last report of the UN Special Rapporteur on the Right to education on education as a cultural right”

Last week the new report of the Special Rapporteur on the Right to Education of the United Nations became public. The Special Rapporteur on the Right to education, Koumbou Boly Barry, is the highest ranked independent expert on this topic. This is an annual report that the Special Rapporteur drafts to present in the meeting in the council, which will take place from the 21st of June to 9th of July 2021. This report has an enormous influence in the debates of the United Nations about education and is determinant to some extent. This report is crucial as it focuses again on education in one essential feature of education, as a right that goes beyond the skills. This new approach implies considering education as a common good, hearing all the actors, and enabling a pluralistic educational system. Here you have the nine main lessons of this report: 

  1. The right to education is a cultural right: We understand the right to education as the right to have access to the cultural resources needed to develop one’s own identity, and, thanks to this, to be able to have relationships worthy of mutual recognition and face the challenges of our world. 
  2. “Culture” includes all disciplines: Culture goes beyond what we have popularly heard last years: folklore and arts. Culture also includes languages, religion, social sciences, human rights… All these disciplines contribute to ensure the development of the personality and the understanding of our surroundings. 
  3. International institutions’ duty is to set the objectives of the right to education: These must ensure that educational institutions and programs are culturally available, that they are accessible without any discrimination, that educational contents and forms are acceptable for students and parents, and that the education is adaptable to the different changes and needs of society. 
  4. State’s responsibility is to recognise education as a common good: As other common goods, States must manage education so that it reaches everyone in the community. This approach to education as a common good implies that states should guarantee the right to education, but not as the only actors, but in collaboration with the rest of the actors, listening and considering what education communities have to say and which are their needs, including parents and institutions. Each actor (international institutions, States, local authorities, teachers, parents and students) has different responsibilities, and their contribution is necessary for a holistic realization of the society.
  5. Local institutions must adapt the objectives of the right to education to local needs: These institutions are more likely to know better the needs of each community, therefore, they must have a degree of autonomy to be able to set educational projects that meet the specific cultural values. They also must ensure teachers receive the necessary training so that they can provide an inclusive and non-discriminatory education.
  6. Teachers and students should ensure an inclusive space for learning: Schools must be a place where every piece of culture is respected as part of the wealth of the community, and teachers and students must make sure this is possible. The classes should be a space where opinions can be expressed, where issues are discussed and where students interact with each other, accepting themselves and others, without discrimination, and can access, use, and contribute to the cultural resources needed to develop their identity.
  7. Educational pluralism is a cornerstone for cultural diversity: By respecting the freedom of parents to choose schools according to their convictions and the freedom of private institutions to establish educational institutions, we are granting cultural diversity. 
  8. Private schools allow diversity in educational life: Private schools are also part of the education ecosystem, and these are the reflection of students’ diversity, as they respond to their demand. For this reason, public action should respect educational freedoms and adopt measures such as financing private schools.
  9. The autonomy for educational institutions and the decentralization of the educational system is crucial for the achievement of the new cultural perspective: the achievement of the new cultural perspective requires of a degree of decentralization, so local authorities can protect local cultural resources and a degree of autonomy for educational institutions, so they can set up educational projects according to the needs of local communities.


To know more about this, here you have the link to of the whole report: https://undocs.org/en/A/HRC/47/32 

9 lecciones que debemos destacar del último informe de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación como derecho cultural

La semana pasada se hizo público el nuevo informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación de la ONU. La Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, es la experta independiente de mayor rango en este tema. El mencionado es un informe que la Relatora Especial redacta anualmente para presentarlo ante el Consejo de Derechos Humanos, que este año tendrá lugar del 21 de junio al 9 de julio de 2021. Este informe tiene una enorme influencia en los debates de la ONU sobre la educación, y puede ser determinante en muchos aspectos. El informe es de enorme interés, ya que se centra en una de las características esenciales de la educación, el de la educación como un derecho que va más allá de las habilidades. Esta nueva perspectiva implica la concepción de la educación como un bien común, la necesidad de escuchar a todos los actores, y el establecimiento de un sistema educativo pluralista. Aquí constan las nueve lecciones principales del informe: 

  1. El derecho a la educación es un derecho cultural: Entendemos el derecho a la educación como el derecho a tener acceso a los recursos culturales necesarios para el desarrollo de la propia identidad, y, gracias a ello, ser capaz de mantener relaciones dignas de reconocimiento mutuo y hacer frente a los desafíos del mundo.
  2. En “cultura” están incluidas todas las disciplinas: Se entiende por cultura no solo lo que en los últimos años se ha entendido popularmente, limitándose a disciplinas artísticas o de folclore, sino que se incluye disciplinas como las ciencias sociales, el hecho religioso, los idiomas, los derechos humanos…Todas ellas contribuyen a asegurar la formación de la personalidad y el entendimiento de lo que nos rodea. 
  3. La labor de las instituciones internacionales es establecer los objetivos del derecho a la educación: Estas deben asegurar que las instituciones y programas educativos sean culturalmente adecuadas, que sean accesibles sin discriminaciones, que tanto los contenidos como la forma sean aceptables para los padres y alumnos, y que dichas instituciones sean capaces de adaptar la educación a los cambios y necesidades de la sociedad. 
  4. La responsabilidad de los estados es la de reconocer la educación como bien común: Al igual que con el resto de los bienes comunes, el estado debe garantizar la educación de manera que llegue a todos los miembros de la comunidad. El enfoque de la educación como bien común implica que el estado debe garantizar el derecho a la educación en colaboración con el resto de los actores, escuchando y considerando las necesidades y la voz de toda la comunidad educativa, incluyendo padres e instituciones. Cada uno de los actores (las instituciones internacionales, Estados, autoridades locales, profesores, padres y alumnos) tienen diferentes responsabilidades, y su contribución es necesaria para asegurar una realización holística de la sociedad.
  5. Las instituciones locales deben adaptar los objetivos del derecho a la educación a las necesidades locales: Estas instituciones, los centros educativos y gobiernos locales, están más cerca de las necesidades de cada comunidad, por lo que deben tener un grado de autonomía que les permita establecer proyectos educativos acorde a los valores culturales específicos del lugar. Deben también asegurar a los profesores la formación necesaria para proveer una educación inclusiva y sin discriminación. 
  6. Los profesores y estudiantes deben encargarse de crear un espacio de aprendizaje inclusivo: Las escuelas deben ser lugares donde se respete la cultura como parte de la riqueza de cada comunidad, y los profesores y alumnos son los que deben asegurar que esto ocurra. Las clases deben ser espacios en los que los alumnos puedan expresar las propias opiniones, donde discutan temas de interés y donde puedan interactuar entre ellos, aceptándose y aceptando a los demás, sin discriminación. Debe ser un lugar donde puedan acceder, practicar y contribuir a los recursos culturales necesarios para desarrollar su identidad. 
  7. El pluralismo educativo es un pilar de la diversidad cultural: Para garantizar la diversidad cultural se debe respetar la libertad de los padres para elegir los colegios según sus convicciones, y la libertad de las instituciones privadas para establecer instituciones educativas. 
  8. Las escuelas privadas permiten la diversidad en el panorama educativo: Entre los diferentes actores del ecosistema educativo, se encuentran las escuelas privadas, que reflejan la diversidad cultural de los alumnos, ya que responden a la demanda de estos. Por ello, la acción pública debe ser respetuosa con las libertades educativas y adoptar medidas como la financiación de las escuelas privadas. 
  9. La autonomía de los centros educativos y la descentralización del sistema educativos son esenciales para la realización del enfoque cultural: La realización de un enfoque cultural requiere de un cierto grado de descentralización, de manera que las autoridades locales puedan proteger los recursos culturales locales, y un cierto grado de autonomía para las instituciones educativas, de manera que puedan establecer un proyecto educativo acorde a las necesidades de las comunidades locales. 

Para saber más, aquí está el enlace del informe completo: https://undocs.org/en/A/HRC/47/32