Apuesta valiente de la Conferencia Episcopal Italiana por la libertad de enseñanza:

Tal y como se desprende del Índice de Libertad de Enseñanza 2016 de OIDEL. Italia es uno de los países de la Unión Europea que otorga menos financiación pública a las escuelas no gubernamentales. La libertad de enseñanza es un debate que vibra en el corazón del país de la bota. A nivel político vemos ciertos partidos que hacen bandera de las libertades de los padres sin muchas manías, y la sociedad civil consigue movilizarse cada vez que esta libertad sufre un embate.

En un país donde la libertad de enseñanza goza de escasos o nulos apoyos gubernamentales, más que un derecho es un privilegio. Derecho que pueden disfrutar ya sean aquellas familias que tienen suficientes recursos, o aquellas que hacen malabares financieros para poder enviar a sus hijos a la escuela que desean para sus hijos. En un contexto de coronavirus y de apremiante crisis económica esta libertad reconocida por los organismos internacionales se ha visto gravemente afectada. Varios padres se han visto obligados a retirar a sus hijos de la escuela que consideraban mejor para sus hijos, y varias escuelas a cerrar. Las consecuencias son aún difíciles de cuantificar.

En este contexto desde OIDEL queríamos señalar la valiente apuesta de la Conferencia Episcopal Italiana para asegurar este derecho para las familias más desfavorecidas. En este sentido, la Conferencia Episcopal Italiana ha otorgado hasta veinte mil becas de estudio por valor de 2000 euros cada una para los estudiantes matriculados en escuelas paritarias en el curso 2020/21, como medida de apoyo a las familias de alumnos más en dificultad. Las normas de estas becas son muy claras y sencillas, y la fórmula para pedirla también.[1]

Desde OIDEL llevamos varios años señalando que algo se mueve en Italia. En el campo de la libertad de enseñanza hay ganas de cambio y se la toman enserio. Y esta iniciativa no hace más que corroborarlo.

Ignasi Grau


[1] https://www.chiesacattolica.it/scuole-paritarie-sussidio-straordinario-per-gli-studenti-bisognosi/

Historic step forward in the realization of freedom of education in the US Supreme Court:

The Supreme Court of the United States has just proclaimed the support of the important principle of freedom of education. In the state of Montana parents will now be able to use public funds to freely choose an education in accordance with their values and their religious views.

The  Montana State Legislature –formed by the Montana State and the Montana House of representatives- approved a tax-credit program in 2015, with the objective to enable parents to choose the education of their choice despite their income.

The program helped parents of modest means do what more affluent parents can do: send their children to a school of their choice”, including religious inspired schools.  (Justice Alito, p.13)

However, the Montana’s Department of Revenue banned this proposed program arguing that it would infringe Montana’s Constitution, which restricts governments use of taxpayer money to fund activities carried out by religious groups. According to this prohibition, called the Blain Amendment, the government cannot use tax-payers money “ to aid any church, school, academy, seminary, college, university or other literary or scientific institution, controlled in whole or in part by any church, sect or denomination”.

The Amendment discriminated them choosing a faith-based school and restricted their freedom of choice. Three mothers of children of the school Stillwater Christian School raised their voices against this discrimination and sued the Montana’s Department of Revenue in the State Court for not being able to use the scholarship funds to pay the tuition of their children.

Last Monday, 30 of June 2020, Supreme Court Justice Roberts proclaimed in his final decision on this case, that “the prohibition burdens not only religious schools but also the families whose children attend them “(p.19). He brought to our memories the “enduring American tradition” to support the rights of the parents to raise their children in a religious atmosphere. The US Constitution itself protects the freedom of choice of parents of sending their children to a faith-based schools.

In the precedent judicial instance, at the Montana’s Supreme Courts, the counterpart argued that shutting down the support for religious schools by saying that this reflects the “state interest in preserving funding for public schools” (Brieg for respondents 7). However, according to Justice Alito, the parents affected by this banner are among those who support through taxes the public schools system. So, it is more than just to give them an effective alternative to Public Schools.

The substance of the matter under discussion according to Dissenting Justice Sonia Sotomayor is not about the separation of church and state, but about the realisation of freedom of choice of education. The banning of this aid in Montana’s Constitution “imposed”, in words of Chief Justice Roberts, “a heavy burden on people on faith and their ability to educate their children in that faith”. Therefore, he declared the provision as unconstitutional, violating the First Amendment, in specific the Free Exercise Clause.

This judicial sentence of the Supreme Court is a landmark to guarantee the right of education. It fulfils the positive obligation the state has to promote plurality and freedom of choice for the full realization of the right to education.

María Teresa Gerns

Histórico paso adelante por la libertad de enseñanza en la Corte Suprema de Estados Unidos:

La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de proclamar su apoyo acerca del importante principio de libertad de educación. A partir de ahora en el Estado de Montana los padres podrán usar fondos públicos para escoger libremente la educación de acuerdo con sus valores y opiniones religiosas.

En 2015 el poder legislativo del Estado de Montana aprobó un programa de créditos fiscales con el objetivo de posibilitar a los padres que escojan la educación de su elección a pesar de sus creencias. Este programa estaba especialmente enfocado a familias de bajos recursos.

“El programa ayudaba a padres de recursos modestos a hacer lo que padres con más recursos podían hacer: mandar a sus hijos a un colegio de su elección”, incluidos las escuelas basadas en la fe (Justice Alito).

Sin embargo, el Departamento de hacienda de Montana prohibió este programa, argumentando que infringía la Constitución de Montana, la cual impide al gobierno prestar ayuda a grupos religiosos. Según esta prohibición, conocida como Blain Amendment, el gobierno no puede usar fondos públicos para “ayudar a cualquier iglesia, escuela, academia, semanario, facultad, universidad u otra institución literaria o científica, que está controlada total o parcialmente por cualquier iglesia, secta o denominación”.

La enmienda discriminaba a las familias que escogían escuelas de inspiración religiosa, al no poder estas acceder a financiación pública. Tres madres de niños del colegio Stillwater Christian School alzaron sus voces en contra de esta discriminación y demandaron al estado de Montana por impedirles el acceso a los fondos públicos para poder escoger la educación de sus hijos con independencia de su poder adquisitivo.

El lunes pasado, el 30 de junio de 2020, el juez Roberts ha proclamado en la decisión final de la sentencia, que “la prohibición no solo impone una carga a los colegios religiosos, sino también a las familias, cuyos hijos atienden dichas escuelas”. Nos lleva a la memoria “la perdurable tradición americana” de asegurar el derecho de los padres de educar los hijos en un ambiente religioso. La misma Constitución americana protege la libertad de elección que los padres pueden ejercer mandando a sus hijos a colegios religiosos.

En la anterior instancia judicial, en la Corte Suprema de Montana, la contraparte arguyó que el cierre de este programa de ayudas a escuelas religiosas se justificaba debido a la prioridad de preservar esta financiación para la escuela pública (Brieg for respondents 7). No obstante, según el juez de la Corte Suprema Alito, los padres que se han visto afectados por la delimitación son los mismos que contribuyen al mantenimiento de las escuelas públicas a través del pago de impuestos. Por ello, es más que justo darles una alternativa a los Colegios públicos.

El fondo de la cuestión según la opinión discrepante de la juez Sonia Sotomayor no es sobre la separación iglesia y estado, sino sobre la realización de la libertad de elección educativa. La restricción de la ayuda escolar por la Constitución de Montana “impone”, en palabras del juez presidente Roberts, “una pesada carga sobre personas de fe y sobre su capacidad de educar a sus hijos en aquella fe”. Por lo tanto, declaró la provisión como inconstitucional, por violar la Primera Enmienda de la constitución, y en concreto la cláusula sobre la Cláusula de la Libre Expresión.

Esta sentencia judicial de la Corte Suprema es un hito importante para garantizar el derecho de educación. Con ella se cumple le obligación positiva que tiene el Estado de promover la pluralidad y la libertad de elección para el pleno ejercicio del derecho de educación.

María Teresa Gerns

Las razones por las que aún podemos ser optimistas:

Clark Kerr, una de las principales figuras de la academia norteamericana, decía en una Conferencia en Harvard en 1962 que “Lo que los ferrocarriles hicieron durante la segunda mitad del siglo pasado y el automóvil durante la primera mitad de este siglo puede ser realizado en la segunda mitad de este siglo por la industria del saber” [1]. Los años siguientes a estas palabras fueron caracterizados por un período transformador para el sistema educativo. En el mundo occidental, el porcentaje de alumnos con acceso universal a la enseñanza primaria y secundaria aumentó sin precedentes, y el incremento de la población universitaria fue mayor que el de cualquier período anterior. El presidente americano Johnson apuntó que “La respuesta a todos los problemas nacionales se solucionan con una sola palabra: educación” [2]. Esta revolución cuantitativa supuso un fortalecimiento de la clase media y permitió el empoderamiento de muchos ciudadanos occidentales. No obstante, muchos frentes quedaron pendientes. Ni las tensiones sociales disminuyeron, ni el rendimiento educativo mejoró[3].

Desde los inicios del siglo XXI se oyen de nuevo cantos de sirena ligados a nuevas revoluciones en el campo de la educación. Los avances en la neurociencia, el desarrollo de la tecnología, el factor E… La nueva revolución que se anuncia ya no es tanto cuantitativa, sino cualitativa, aunque para muchos las expectativas son las mismas que en 1960.

¿Por qué hablar de estas revoluciones en plena crisis del coronavirus? Los cambios ofrecidos por estas revoluciones han sido muy positivos, y han abierto –y siguen abriendo- muchas posibilidades en la realización del derecho a la educación. No obstante, el paradigma revolucionario siempre conlleva un peligro. Las revoluciones tienden a concebir el motor revolucionario como un elemento disruptivo que puede solucionar los problemas, como una barita mágica, ninguneando consecuentemente otras instituciones que sí que han funcionado. Entre las instituciones más afectadas por este menosprecio están los padres y las familias, pero también podríamos mencionar a los profesores o la sociedad civil. Esto no significa que estas políticas públicas o descubrimientos pedagógicos sean realidades contrapuesta a la familia. Significa que las políticas educativas son complejas, y que no se pueden reducir las mejoras a la introducción de una simple variable. A modo de ejemplo del impacto de esta minusvaloración, en Naciones Unidas, en ninguna de las últimas resoluciones sobre el derecho a la educación del Consejo de Derechos Humanos se ha hecho referencia ni a la familia, ni a los padres. Lo mismo se podría decir de muchos documentos de la UNESCO.

¿Qué ha cambiado con el coronavirus? El coronavirus ha supuesto un cataclismo en los sistemas educativos de alrededor del mundo. Esta crisis ha servido para mostrar las fortalezas, debilidades y oportunidades del sistema. Por ejemplo, ahora podremos observar, en serio, las posibilidades de la educación a distancia y del potencial de las tecnologías en la educación. Al principio de esta crisis, durante un webinar, Andreas Schleicher, Director de Educación y Competencias de la OCDE, señalaba que este no era el momento de probar ideas nuevas, sino de identificar las que funcionan y trabajar en la expansión de su implementación[4]. En este sentido, si algo nos ha mostrado esta crisis es el importante papel de los padres. En un contexto en el que, según la UNESCO, hasta un 90% de los niños no han podido asistir a la escuela[5], los padres han aparecido como el principal apoyo del aprendizaje de los niños. Los padres han vuelto al centro del tablero educativo como nunca en los últimos años. Se ha hecho referencia a ellos, se les ha cargado de trabajo, pero también han sido el foco de varias políticas dirigidas a apoyar el aprendizaje. Asimismo, a nivel internacional, ha sido sorprendente estos últimos meses el reconocimiento y las referencias sin precedentes a los padres.

En un grado distinto, se ha valorizado de nuevo el papel de los profesores. Para muchos, esta crisis ha servido para darse cuenta de que el profesor no puede ser simplemente un experto en métodos de aprendizaje o un vomitador de contenidos.

La crisis del coronavirus nos ha permitido ver el sistema desnudo, observando algunos de los elementos imprescindibles de un sistema educativo para la realización del derecho a la educación. La OCDE ya había mostrado la complejidad del sistema, y la inexistencia de varitas mágicas[6]. No obstante, el coronavirus nos ha obligado a reflexionar sobre el sistema para no dinamitar estos pilares en el futuro. Podríamos pasarnos párrafos desarrollando el papel de algunos actores que se han minusvalorado y escrutando la complejidad del sistema, pero no es el objetivo de este artículo.

Cómo podemos pensar la educación aprovechando las innovaciones tecnológicas, sin menoscabar actores esenciales como los padres, los profesores, o la sociedad civil. Un paradigma susceptible de conseguir consensos en un mundo complejo es la perspectiva del bien común. Este paradigma que se remonta al aristotelismo pero que fue reivindicado por la UNESCO en 2015 está aún muy vigente[7]. El paradigma del bien común permite solucionar el enfoque vertical niño – estado, teniendo en cuenta todos los actores en la introducción de novedades educativas y haciendo frente a desafíos educativos. No paramos de oír que hay que salir de esta crisis juntos. El paradigma de la educación como bien común se toma en serio el juntos, conscientes que de la iniciativa de los padres y de la innovación de la sociedad civil nos beneficiamos todos.

Esta crisis nos ha dado razones para ser optimistas sobre la resiliencia de nuestro sistema ante un futuro cambiante e incierto. No destruyamos estas razones.

Ignasi Grau

 

 

[1] To know more: KERR, C. (1966) The Uses of the University, New York

[2] KIRP, D.L. (1982) Just Schools: The Idea of Racial Equality in American Education, University of California Press. Own translation”The answer for all our national problems comes down to one single word: education

[3] For example National Institute of Education Compensatory Study, New York

[4] https://soundcloud.com/oecdtopclasspodcast/episode-23-how-have-countries-dealt-with-coronavirus-school-closures-and-whats-next-for-education

[5] https://en.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest

[6] OCDE (2017) School choice and school vouchers: An OECD perspective, Paris

[7] UNESCO (2015) Rethinking Education. Towards a new paradigm?, Paris

La educación participativa como pilar de la lucha contra el COVID-19

pexels-photo-3952231.jpeg

Previsible o no, la explosión del COVID nos ha dejado a todos a contrapié. A pesar de los esfuerzos iniciales para dar imagen de normalidad, la realidad es que la brutalidad de este virus ha afectado al conjunto de sectores y de rutinas del mundo entero. El campo de la educación ha sido uno de los más afectados por esta crisis, millones de niños imposibilitados de asistir a las aulas y la inmediatez con lo que se ha desarrollado la educación de masas online son buena prueba de ello. La misma Audrey Azoulay – Directora General de la UNESCO -reconocía en una entrevista en France 24 que ningún sistema educativo estaba preparado para semejante crisis.

En 2015 Naciones Unidas lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 4 dicta “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. En el contexto actual, este objetivo mantiene toda su vigencia. El mismo 2015, la UNESCO lanzó el documento Educación 2030 con directrices e indicaciones para implementar este objetivo. Es importante recordar qué nos dice este documento y como nos puede ayudar a garantizar la realización del derecho a la educación ante el desafío actual.

image

En este contexto son varias las tentaciones, tanto a nivel teórico (Zizek por ejemplo), como a nivel legislativo, que exigen una colectivización y centralización de competencias con el fin de garantizar el bienestar general. El campo de la educación no es una excepción. El documento Educación 2030 nos recuerda que el papel del estado no puede ser de proveedor único, sino de garante. El documento subraya “La educación es una causa común de la sociedad, que conlleva un proceso participativo de formulación y aplicación de políticas públicas”.

El documento Educación 2030  otorga un papel muy importante a la sociedad civil. La sociedad civil en la nomenclatura onusiana incluye las escuelas no gubernamentales. Educación 2030 considera la sociedad civil esencial para garantizar que la educación sea un proceso participativo en sus distintas fases, especificando además algunas de sus funciones en este proceso. Una función reconocida, y de especial interés en el contexto actual, se refiere a “crear enfoques innovadores y complementarios que contribuyan a avanzar en el logro del derecho a la educación, particularmente para los grupos más excluidos” (p.80).

Durante esta crisis estamos observando buenas sinergias entre el sector gubernamental y el sector no gubernamental en cuanto hace referencia  al campo educativo, en la realización de la educación como causa común. Muchos proyectos que pudieron probarse con éxito gracias a un sistema de educación participativa en que la sociedad civil pudo fundar escuelas alternativas a las del estado, ahora pueden ser de provecho para el conjunto del sistema educativo. Por ejemplo, las escuelas Waldorf Steiner francesas están colaborando con el gobierno compartiendo metodologías que puedan ser útiles por el conjunto de la población escolar en este contexto particular. La confianza por parte de los gobiernos en su sociedad civil se ha mostrado como un aliado importante en el momento de hacer frente a este tipo de crisis. En este sentido, podemos pensar tanto en sistemas de apoyo a los padres para apoyar el aprendizaje de los hijos, material de soporte para realizar la educación online o metodologías nuevas de evaluación. Andreas Schleicher, encargado de la dirección de educación de la OCDE, decía en una reciente entrevista que este no es el momento de impulsar nuevas ideas, sino de detectar las que están funcionando y expandir su implementación. En este particular contexto, no sé de ninguna entidad no-gubernamental que se haya negado a colaborar y apoyar a ninguna administración pública que se haya dirigido en búsqueda de apoyo desde una perspectiva abierta y constructiva.

La visión de la educación como bien común y el enfoque participativo fijado en el documento Educación 2030 suponen un importante paradigma que permiten una mejor preparación para situaciones como las actuales. Ni es el momento de abrir debates inútiles que vayan más allá de la salida de esta crisis, ni es el momento de hacer experimentos peligrosos. Necesitamos de miradas generosas, que vean la crisis actual desde una perspectiva de derechos humanos de todos, y no como un escenario nuevo en una lucha de opuestos.

Ignasi Grau

Lecciones del COVID para nuestro sistema educativo

auditorium benches chairs class

A menudo, a raíz de ataques terroristas y otras tragedias vemos llamadas de colectivos de profesores exigiendo espacios para hablar de estos temas en el aula. No me parece mala idea.  Hannah Arendt, partiendo de que el niño es un extraño en el mundo, entendía la educación como un proceso que debe prepararle para convertirse en un adulto consciente de los problemas de nuestro mundo y actuar críticamente. En relación con el COVID-19, no he oído tanto estos reclamos, probablemente debido a la urgencia en el campo educativo de asegurarnos que la maquinaria educativa no pare.

A estas alturas ya hay varias lecciones que podemos extraer de esta crisis. Me concentro en tres lecciones poderosas y peligrosas. En primer lugar hemos visto gobiernos de todo el mundo que tras semanas advirtiendo que el COVID-19 no conllevaba más riesgo que una gripe común han sido contradichos por la brutalidad del virus. La lección de que el gobierno y la opinión pública pueden equivocarse, incluso en democracia, es una lección dura, pero imprescindible para pensar el mundo actual de forma adulta.

La segunda lección es que durante años hemos diseñado sistemas educativos bajo el paradigma que el mundo que tenemos enfrente está bajo el control humano, y que la ciencia nos conducía inexorablemente a un futuro no lejano de la casi inmortalidad del ser humano. Esta crisis causada por una pequeña molécula nos muestra la fragilidad del ser humano y que el futuro de la humanidad como conjunto, también en el siglo XXI, aunque prometedor es delicado.

La tercera lección es la importancia de la acción común y coordinada del ser humano para superar las grandes crisis. Junto con la acción común, hay certezas comunes y soluciones que no implican una lucha de opuestos. La tensión entre el colectivismo y el individualismo nos han hecho olvidar los últimos años el bien común, pero como decía Isaiah Berlin, todos los seres humanos deben tener algunos valores en común, ya que si no no serían humanos, y deben tener también valores diferentes, ya que si no, no serían distintos.

Junto con las tres lecciones nos damos cuenta de la necesidad de dar herramientas que este futuro a lo mejor más distópico sea pensado en criterios humanistas y que permitan un desarrollo completo del ser humano ¿Que herramientas podemos dar a nuestros jóvenes para una mayor comprensión de esta fragilidad? ¿Cómo educar a una generación que se comprometan en lo común con un discurso que supere un voluntarismo o el maquillaje auto-motivacional? El sistema educativo debe preparar a los alumnos para ser adultos y no simples buenos empleados. Un sistema educativo coherente con las lecciones aprendidas debe considerar tres puntos. En primer lugar, la construcción bajo un paradigma más participativo de las políticas educativas, superando la visión vertical estado-niño. En segundo lugar, permitir a las entidades educativas que las herramientas de sentido que les dan a sus alumnos sean coherentes con los valores de su comunidad. Y finalmente preparar a los alumnos bajo el paradigma de ¿Qué problema vas a solucionar tú? y no, ¿De qué vas a trabajar tú?

A nivel educativo el COVID no puede limitarse a ser simplemente una nueva página de los libros de historia del futuro, sino sobre todo una oportunidad para que efectivamente los alumnos del siglo XXI aprendan a ser adultos del siglo XXI.

Ignasi Grau

High-level segment del 43º session del Consejo de Derechos Humanos ¿Qué es y qué se ha dicho sobre educación?

El pasado 24 de febrero de 2020, se inauguró la 43º sesión del Consejo de Derechos Humanos (24 de febrero – 20 de marzo). Primera sesión del año 2020, está primera sesión se caracteriza por celebrarse en ella el “High-level segment” en el cual durante 3 días pasan por el Consejo de Derechos Humanos más de 100 representantes – incluyendo jefes de estado y ministros de exteriores- de diferentes países para presentar ante el Consejo la situación de derechos humanos en su país, sus esfuerzos nacionales, la importancia de la cooperación internacional para paliar los desafíos actuales, y las perspectivas y retos de futuro.

 

Este importante evento fue inaugurado por la Señora Elisabeth Tichy-Fisslberger, Presidenta del Consejo de Derechos Humanos; el Señor Tijjani Muhammad-Bande, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas; el Señor Antonio Guterres, Secretario General; la Señora Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos; y el Señor Ignazio Cassis, Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza; quienes dieron el discurso de bienvenida y resaltaron la importancia de diversos temas de interés internacional, entre ellos, la educación.

 

El Secretario General Antonio Guterres informó a los presentes que para que las personas puedan reclamar sus derechos y se cumpla el núcleo de la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, es esencial garantizar una educación para todos, especialmente para las niñas, así como sacar a las personas de la pobreza extrema, garantizar su atención medica universal y permitir que todos tenga acceso a las mismas oportunidades y opciones.

 

La Señora Bachelet, coincidió con lo dicho por el Secretario General, indicando que la mejor manera de paliar el panorama político turbulento que se está viviendo, es mediante la promoción del acceso a la educación, de la atención médica, de la protección social universal y de una vida digna.

 

Posteriormente el Presidente de la Asamblea General, Tijjani Muhammad-Bande, quien le dedico una amplia parte de su discurso a los derechos del niño y al derecho a la educación, hizo mención al informe del Instituto de Estadística de la UNESCO, donde se resaltó que hay cerca de 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no van a la escuela en todo el mundo. Para paliar esta situación, el Presidente de la Asamblea General, apuntó la necesidad de generar alianzas que ayuden a abordar la crisis de aprendizaje y lograr mayores niveles de acceso a la educación y no abandono de las escuelas. Resaltó a su vez la importancia de asistir al colegio, siendo este el que capacita a los niños a alcanzar su máximo potencial y es el motor que les saca de la pobreza y, en general, les prepara para una mejor vida adulta.

 

Como se ha podido observar, la educación se tiene como un factor esencial para permitir el acceso al resto de derechos humanos. Es como indicó Alfred Fernández, un instrumento de auto-donación de sentido, el lugar del “aprender a ser”, es un derecho transversal que se debe proteger y promocionar, y de esta manera, se logrará un beneficio a nivel social, económico e individual, como así indicó la Señora Bachelet.

 

Camila Garcia

 

(UPDATE) The threat against the existence of faith-based schools in Sweden continues: The UPR and the Parliament Report

As we said in a previous article in Sweden a debate on educational pluralism has taken place in the Parliament since the last elections with to ban faith-based schools. Although the debate still is ongoing certain constraints have already been approved.

This situation is shocking in a state that traditionally last years has shown an openness towards religious pluralism and educational pluralism. The international community has been surprised by this debate and therefore there have been already some reactions. Two weeks ago there was the UPR of Sweden. The Universal Periodic Review (UPR) is a unique process which involves a review of the human rights records of all UN Member States. OIDEL, together with other NGOs, submitted a document pointing to the threats of the potential new legislation against human rights. In this regard, some countries raised the question of the convenience of these legislative initiatives and some recommendations were made. The most critical recommendations against the situation of Sweden were made by the Solomon Islands which pointed:

Review the proposed legislative ban on faith-based private schools” and “Recognize that the State has no legitimate authority under international law to mandatorily prescribe conventional education for all children, that individuals have the right to seek alternative forms of education, and that the prohibition and criminalisation of home education is a violation of international human rights law”.[1]

Internally, in Sweden on the 8th of January, there was the presentation of the official report produced by a Commission appointed by that was Parliament on the consequences of the new legislation on confessional schools. We can withdraw some conclusions.

One first and brief conclusion is that the report acknowledges that in any of the compared countries (Norway, Denmark, Finland, France and Germany) there is any legislation that does not allow faith schools.

The second important conclusion is that this initiative is frontally contrary to the Human Rights Obligations of Sweden. The report recalls that Sweden has signed the Convention on the Rights of the Child (CRCh) which includes the child’s right to comprehensive education as well as the right to religious and cultural identity.

The document also points that according to the European Convention of Human Rights the right to exercise their religion applies also to non-governmental schools. It remarks that “inter alia under the EU law, there is a right to establish and operate private schools. (…) it is not possible to prohibit certain natural or legal persons from being considered for approval as managers of independent preschools or schools (…). If (…) persons with a religious basis were denied consideration for approval as managers of (…) schools (…), this might run the risk of constituting discrimination under the European Convention on Human Rights”. The document points how the new legislative proposals can be against obligations accepted by Sweden on the field of human rights concretely on freedom of religion and free right of establishment.

The Commission points that a way to ensure that faith-based schools are compatible with the Swedish society is by introducing a democratic condition to approve the existence of a school. The Commission says that an individual shall not be granted approval as a manager for an activity concerning education if there is a particular reason to believe that this person or persons are engaged in violence or improperly violate human rights, if they discriminate, if they engage in abusive treatment of children, if they undermine the principle of the best interest of the child or if they undermine the democratic system of government.  [2]

The main reaction after the presentation of the report is that the different legislative initiatives in this regard will not make it through the European Court. Nevertheless, the Minister of Education has said that still, this report gives a good foundation for a law to stop new religious schools.

Ignasi Grau

[1] Human Rights Council – Working Group on the Universal Periodic Review Thirty-fifth session (20–31 January 2020) Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review : Sweden, A/HRC/WG.6/35/L.9

[2] Statens Offentliga Utredningar (2019) Nya regler för skolor med konfessionell inriktning – Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Available at : https://www.regeringen.se/48d7d1/contentassets/29992645492d4d608d004e9fc02968f5/nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning-sou-201964?noaccount=true

Oral statement for the 2019 Social Forum

Yesterday took place the first day of the 2019 Social Forum. This forum took place on the 30th Anniversary year of the Convention on the Rights of the Child, and at a time that youth has become a priority for the United Nations. OIDEL not just followed the Forum, but we are going to co-sponsor a side-event and also we have done an oral statement during the panel “Reaching those being left behind and defending the right to education”.

Below you can find our Oral Statement recalling the freedom and the cultural approach of the right to education and its importance to enhance the rights of those left behind:

The title of this panel is reaching those being left behind and defending the right to education. I want to thank all the panellists for their magnificent presentations and I, as representative of OIDEL, would like to make a few commentaries.

No-one can deny the importance of the provision approach of the right to education to reach those left behind. An increase in the budgets to have better facilities, to prepare better professionals, to have access to better materials, and to ensure that all children have access to education is crucial. Nevertheless, focusing only on the provision approach of this right would be too narrow. We are focusing here on the rights of the children, and children are not numbers. They are human beings rooted in a culture, living in a community, cohabiting with a family with a particular language and with their own convictions. It is not enough to provide a good public educational system for all. Education shall be directed to the “to the full development of the human personality (art. 13.1 ICESCR, art.26.2 UDHR)” and to ensure this human rights approach it is important that this education fully respect the cultural identity of these children as it is stated in the Universal Declaration on Cultural Diversity.

The world in which we live is becoming more plural and it is rapidly changing. It is becoming more and more difficult to a unique school model to acknowledge the pluralism of the world, and at the same time meet the rapidly changing needs and circumstances of this world. We have to start thinking seriously if the vertical model state school – citizen is what is in the best interest of the child, especially those in disadvantage situations. Even, the UNESCO document “Rethinking Education: Towards a global common good?” evokes the need to think of a paradigm that overcomes the notion of education as a public good. On this regard and specially in a context of privatization, as the former two special rapporteurs have said to guarantee the right to education we have to start thinking the role of the state not as the only education provider, but as the guarantor and regulator(par. 54) (SINGH, 2014)(BOLLY, 2017, par.59). We consider that two pillars are important on this context. First, focus on the importance of human rights education in order to strengthen the unity among citizens in a plural world. Second, governments not only should they be ensuring a high quality public education, but also supporting and enabling the existence of compulsory education in non-governmental schools of whatever legitimate pedagogical option to satisfy the human right to education.

On this context, we have to acknowledge a new threat. The progressive loss of the human rights perspective in the educational landscape due to new commercialisation approaches. It is clear that the entrance of for-profit actors can suppose a threat at multiple levels, including the final goal of education. On this regard, the state has to play the role of guarantor we mentioned before. Nevertheless, on this context, it is important that we do not threat all the non-state actors similarly. It would not be fair to legally treat a faith-based school in an area of conflict, as an institution owned by an investment fund in a developing area. It would not be fair to treat an NGO or a civil society organisation focused on the provision of the right to education, as an institution whose main aim is to make profit. An unfair approach to this problem not only will leave actors that are part of the solution in demining situation, but also might affect the freedom and cultural approach of the right to education by limiting the freedom of parents and communities to choose the education that they want for their children.

You can see the whole panel in the following link.

Ignasi Grau

  • Nations Unis, Rapport de la Rapporteuse Spéciale sur le Droit à l’Education, K. BOLLY (2017) Rapport de la rapporteuse spécial : Le droit à l’éducation, A/72/496, disponible sur : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/303/25/PDF/N1730325.pdf?OpenElement
  • UNESCO (2015) Repenser l’éducation? UNESCO, Paris
  • SINGH, K. (2014). Report of the Special Rapporteur on the right to education, “Privatization and the right to education”. Genève – New York: Assemblée générale – Nations Unis.

 

 

 

Debate in the Human Rights Council on privatization and the role of non-governamental schools

The Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the Right to Education took place on July 26th and 27th during the 41th session of Human Rights Council in Geneva.

In this session, the Special Rapporteur’s report on the right to education and in particular on the increase of private actors’ s participation on the field of education had been discussed.

In this regard, we at OIDEL were concerned about the possible interpretation that states could face significant limitations in their relationship with schools in the private sector, in particular about the ways of funding non-governmental schools. These doubts were first communicated to the Special Rapporteur in private in order for the latter to clarify some points that could be problematic from a Human Rights perspective.

During the debate, the Special Rapporteur made a brief introduction remembering the state’s obligation to guarantee access to public, free and quality education for everyone. This aim is stated in goal number 4 of the 2030 Agenda.

Furthermore, Ms. Bally Barry showed her concerns about the increase of private actors in the field of education. In this sense, she insisted on the fact that states have to establish a framework to regulate the participation of these private actors. She also highlighted that her recommendations are inspired by the Abidjan Principles.

Even if states have to give priority to funding public education, the Special Rapporteur recalled that this obligation cannot imply the violation of the parent’s right to choose for their children other different schools from the ones offered by the state. The state has to respect this freedom and has to guarantee the right to create new non-governmental schools by civil society. The Special Rapporteur stressed the importance of this freedom in order to ensure protection of religious, philosophical and pedagogical beliefs of parents. 

After the introduction, delegations of different states intervened. Many of them thanked the Special Rapporteur for her work and they informed about the current situation of the right to education in their own countries. Also, many of them emphasized the use of public-private partnerships as a way of supporting education of children by the non-governmental institutions, in order to offer a better educational system overall.

Moreover, many delegations asked for examples of best practices on how states can form the most effective public-private partnerships while adhering to human rights principles.

After these interventions, NGO’s and members of the civil society had been given the floor. Director Ignasi Grau spoke for OIDEL and also on behalf of several other NGO’s.

In the oral statement, after thanking the Special Rapporteur for her work, OIDEL reclaimed some clarifications. In particular, OIDEL insisted on the importance of the role of non-governmental schools in order to achieve a pluralistic educational system and in order to protect the rights of minorities. Some elements of the report have to be clarified so they will not be misinterpreted as limiting the right to education and the freedom to choose. You can read the oral statement of OIDEL in this link.

The debate concluded with a summary statement of the special rapporteur. She acknowledged the important role of non-governmental and non-profit schools, especially in those places where the states do not have the resources to fulfil their obligations. In particular, Ms. Bolly Barry praised the strategies developed by countries such as France  (with institutions as “l’école sous contrat”) or Tunisia where public-private partnerships have been launched, contributing to offer higher quality education. 

It’s vitally important to underline the distinction made by the special rapporteur to close the debate. Ms. Bolly Barry clarified that, when she mentions private actors whose practices imply a threat to right to education, she exclusively refers to private mercantilists and the for-profit sector – not civil society’s schools, including religious schools. This way, the special rapporteur affirmed the importance of state support for civil society in the field of education in order to achieve the best posible realization of the right to education. 

 

Amelia Suárez Picazo